El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) señala las agresiones cometidas este año contra universitarios en Venezuela, las cuales constituyen violaciones de sus derechos.
El derecho a la educación está consagrado en el artículo 26 de la DUDH y detallado en el artículo 13 del del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Así mismo, el derecho a la ciencia está establecido en el artículo 15 de este Pacto, en la Declaración de Venecia y en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.
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Hace un año, el 9 de diciembre de 2021, la libertad académica y la autonomía universitaria también fueron reconocidas como derechos humanos, en el marco de los Principios Interamericanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Son 16 Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria presentados por la CIDH, la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) y la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE).
El reporte mensual sobre la situación de las universidades en Venezuela lo elabora el ODH-ULA en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Aula Abierta y el Centro para la Paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela. Es el resultado de un trabajo de recolección de datos mediante observación documental, observación de campo y realización de entrevistas semiestructuradas.
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El ODH-ULA y las organizaciones aliadas registran principalmente las violaciones cometidas en contra de cuatro derechos principales asociados a la educación superior: autonomía universitaria, derecho a la educación, derecho a la ciencia y derechos humanos de los universitarios. Durante el primer semestre de este año se registraron 225 violaciones de estos derechos, las cuales afectaron al menos a nueve universidades públicas del país. En julio se reportaron 23, en agosto 32, en septiembre 33, en octubre 30 y en noviembre 22, para un total de 365 durante los primeros 11 meses de este 2022.
Autonomía universitaria en declive
La falta de presupuesto, causada por la política de asfixia aplicada por el gobierno venezolano a las universidades públicas del país desde 2005, es una de las principales causas de la progresiva pérdida de la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y definida detalladamente en el artículo 9 de la Ley de Universidades.
El hecho de que las universidades públicas del país no cuenten con recursos mínimos para su funcionamiento viola el derecho a la educación y a la ciencia de los venezolanos, poniéndolas en situación de vulnerabilidad. La falta de presupuesto ha causado, entre otros daños, el deterioro de instalaciones, algunas de las cuales han sido reparadas parcialmente por entes gubernamentales ajenos a las universidades, violando la autonomía financiera que estas deben tener.
“Los espacios universitarios han venido siendo intervenidos por representantes del gobierno de Maduro con la excusa de “recuperarlos” del deterioro a que la misma falta de presupuesto las ha conducido”, señala el reporte universitario de octubre. El día 20 de ese mes, la presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, anunció la firma de un convenio entre las gobernaciones de los estados Sucre, Anzoátegui y Monagas para la rehabilitación de los núcleos de la Universidad de Oriente (UDO) en esas entidades. Este convenio se firmó en el marco del “Plan Universidad Bella”, creado en 2019 con la excusa de “embellecer” las universidades que el mismo régimen asfixia económicamente.
Por otra parte, el 25 de agosto el Ministerio de Educación Universitaria solicitó a la Dirección de Planificación de la Universidad de Los Andes (ULA) la formulación de proyectos socioproductivos, enmarcados en la Agenda Programática de Acción del Plan de la Patria 2023. El Consejo Universitario de la ULA denunció que esta solicitud, cuyos lineamientos carecían de claridad, parecía ser un intento del régimen por traspasar a las universidades la búsqueda de recursos que el Ministerio dejó de asignarles.
Situación del derecho a la educación y a la ciencia
La falta de presupuesto y la precariedad salarial de los universitarios violan el derecho a la educación y a la ciencia en Venezuela. Miles de profesores y trabajadores universitarios han renunciado a sus trabajos por la miseria salarial que percibían. Para este 10 de diciembre, el mayor sueldo mensual de un universitario, el que recibe un profesor titular, es apenas 38,42 dólares, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
El 12 de julio estudiantes de la carrera de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo (UC), Núcleo La Morita del estado Aragua, protestaron en la calle exigiendo presupuesto para adquirir insumos y reactivos indispensables para sus prácticas de laboratorio. Por su parte, el 15 de noviembre el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes de la ULA (CDCHTA) informó que esta universidad ha perdido más del 40 % de sus investigadores. Esto impacta negativamente en el desarrollo de la ciencia en Venezuela.
Días antes, el 3 de noviembre, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) publicó un pronunciamiento sobre el financiamiento a la investigación científica en Venezuela, donde solicita al régimen de Nicolás Maduro revisar los criterios de asignación de presupuestos para las universidades y los institutos de investigación y denuncia la falta de asistencia financiera de parte del Estado para el fomento de las actividades científicas.
Agresiones contra universitarios
El 5 de octubre de este año, abogados del Departamento Legal del ODH-ULA denunciaron ante la Defensoría del Pueblo al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) por negarse a registrar los títulos universitarios suscritos por el Vicerrector-Decano encargado del Núcleo Universitario Rafael Rangel (NURR) de la ULA, ubicado en el estado Trujillo.
Desde 2018 Adelis Molina, registrador principal del SAREN en el estado Trujillo, se negaba a registrar títulos de la ULA que no estuviesen firmados por Efrén Pérez Nácar, separado provisionalmente de su cargo como Vicerrector-Decano del NURR-ULA por denuncias de irregularidades presentadas en su contra ante el Consejo Universitario. La negativa del registrador Molina afectaba a más de 200 egresados de la ULA Trujillo. Finalmente, el 10 de octubre, la viceministra de gestión universitaria, Iroschima Vásquez, anunció la realización de una jornada especial para registrar dichos títulos.
Otra agresión a estudiantes universitarios ocurrió el 3 de noviembre, cuando cuatro estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA fueron agredidas física y verbalmente por personas que participaban en un acto político de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), realizado en la plaza de toros de Mérida, frente a dicha Facultad. Las agresiones ocurrieron mientras las estudiantes afectadas protestaban con pancartas en contra del régimen.
Este Día de los Derechos Humanos, el ODH-ULA recuerda que todas las acciones e inacciones que violen los derechos a la educación y a la ciencia son a su vez violaciones de derechos humanos indispensables para el “pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”, como establece la DUDH.
