La solidaridad internacional, el drama de los refugiados, pero también la importancia de una educación holística, la condena de la violencia contra las mujeres y el tema de la privacidad en el mundo digital: fueron los temas abordados por la Misión Permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra en cinco discursos diferentes, pronunciados entre el 24 de junio y el 6 de julio. Cuatro de ellos se dieron durante la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mientras que uno se presentó durante la 81ª sesión del Comité Permanente del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). Las intervenciones se hicieron en nombre de la Santa Sede, a la espera del nombramiento de un nuevo observador permanente que suceda a monseñor Ivan Jurkovič, nombrado nuncio apostólico en Canadá el 5 de junio.
Promover la solidaridad internacional
El 24 de junio la Santa Sede lanzó un fuerte llamamiento a la solidaridad internacional, un principio definido como «más necesario que nunca» si queremos salir «fortalecidos» de la actual pandemia de Covid-19. La emergencia sanitaria, de hecho, además del coronavirus, ha favorecido la propagación del «virus del individualismo», haciendo prevalecer «las leyes del mercado» sobre las del «amor y la salud de la humanidad». Pero «el individualismo y el egoísmo no conducen a la libertad ni a la igualdad- dijo la Santa Sede -sino al conflicto y a la indiferencia ante el sufrimiento de los demás». De ahí la exhortación del Vaticano a la necesidad de «proporcionar bases jurídicas y éticas» a la solidaridad internacional, para facilitar su aplicación.
No a la propiedad intelectual de las vacunas contra el Covid
En este contexto, en particular, la Santa Sede instó a los Estados y a los organismos multilaterales a «trabajar juntos para poner en práctica una renuncia a los derechos de propiedad intelectual con el fin de garantizar el acceso universal a los tratamientos y las vacunas contra el Covid». El objetivo final, se reiteró, debe ser «abandonar el individualismo y conformar un marco ético más sólido basado en la solidaridad internacional y la promoción del bien común».
Los padres tienen derecho a educar a sus hijos
Siempre el 24 de junio, la Santa Sede se detuvo en el derecho a la educación, recordando, en primer lugar, «el papel fundamental» así como «el derecho y la responsabilidad» de los padres de «proporcionar una educación de calidad a sus hijos, en particular en lo que se refiere a su formación moral y religiosa», con el fin de «promover el bienestar de los niños en todas sus dimensiones humanas, incluida la física, mental, moral, espiritual y social». No, por tanto, a una educación » reductiva o excesivamente generalizada», dijo la Santa Sede; sí, en cambio, a un enfoque educativo «sólido y holístico», para evitar «el riesgo de homogeneización» que hace que los sistemas educativos sean «incapaces de adaptarse a las exigencias de cada estudiante».
Forjar un nuevo pacto educativo
También es central el llamamiento a la financiación de la educación pública, para que la formación de las nuevas generaciones no esté «determinada por la riqueza o no de la familia», con la inevitable consecuencia de «afianzar aún más las desigualdades socioeconómicas». De ahí el llamamiento de la Santa Sede a «un nuevo pacto educativo», según las directrices reiteradas tantas veces por el Papa Francisco, a saber, la promoción de una cultura del encuentro y de la comprensión mutua, en un espíritu de serenidad y tolerancia. De este modo, la educación hará que los jóvenes sean capaces de identificar y promover los verdaderos valores humanos en una perspectiva intercultural e interreligiosa.
La violencia contra las mujeres es una grave violación de los derechos humanos
El drama de la violencia contra las mujeres fue, en cambio, el tema central del discurso pronunciado por la Misión Permanente del Vaticano el 28 de junio. Una tragedia que constituye «una grave violación de los derechos humanos» y que «aflige la vida de mujeres y niñas en todo el mundo». Y, de hecho, los datos publicados por la ONU son claros y escalofriantes: cada día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia; las mujeres adultas constituyen casi la mitad de las víctimas de la trata de seres humanos en todo el mundo; a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento; y 15 millones de niñas de entre 15 y 19 años, en todo el planeta, han mantenido relaciones sexuales forzadas. A todo esto, señaló la Santa Sede, se añadió en 2020 la pandemia, «un factor agravante que ha hecho a muchas mujeres más vulnerables a la violencia doméstica, debido al encierro, el aislamiento social y la inseguridad económica».
El delito de violación es intolerable
«El delito de violación -reiteró la Santa Sede- es una gravísima ofensa a la dignidad de la mujer, que es violada no sólo en el cuerpo, sino también en el espíritu, con un trauma difícil de borrar y con efectos también en la sociedad», porque «cuanto más se promueva y proteja la dignidad de la mujer, más lo harán la familia y la comunidad». Por el contrario, cualquier tipo de «violencia psicológica, verbal, física y sexual es un acto de cobardía y una degradación de toda la humanidad». Por ello, la Misión Permanente condenó enérgicamente estos delitos: «Es intolerable todo silencio sobre los actos violentos perpetrados contra las mujeres, toda impunidad de los maltratadores y toda impasibilidad o indiferencia ante los crímenes físicos o sexuales.
Proteger a los niños concebidos como resultado de la violencia
Por ello, se recordó «el deber moral de proporcionar a las víctimas de la violencia el apoyo y la protección adecuados», a través de «un fácil acceso a las estructuras que les proporcionan asistencia psicosocial, médica, financiera y jurídica», con el fin de promover «su curación y reinserción social». A continuación, la Misión Permanente dirigió su pensamiento a los niños concebidos como consecuencia de la violencia sexual, cuya dignidad y derechos, «empezando por el derecho a la vida, deben ser reafirmados» para que no se conviertan en «víctimas colaterales de la abominable violencia perpetrada contra las mujeres». Estos niños deben ser «apoyados y amados -subrayó la Santa Sede – porque el respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, es el punto de partida para superar la cultura de la violencia» y para «promover un auténtico respeto por el otro, basado en la verdad intrínseca de la igual dignidad de todas las personas».
Proteger a los menores de los peligros de la red
La protección de los menores también estuvo en el centro del discurso de la Santa Sede del 2 de julio: en particular, se centró en el derecho de los niños a la privacidad en el contexto del mundo digital. Debido a la pandemia, de hecho -se recordó- los menores han desarrollado «una mayor dependencia de Internet y de las formas virtuales de comunicación», lo que les ha hecho «aún más vulnerables y sobreexpuestos a las actividades criminales en línea». En consecuencia, dijo la Misión Permanente del Vaticano, toda la sociedad debe cooperar y comprometerse de manera «auténtica y firme» para proteger la dignidad de los niños en el mundo digital.
Los derechos de los padres y los derechos de los niños no son opuestos
En este ámbito, los padres tienen un papel especial, pero con las debidas atenciones: la Santa Sede ha advertido del peligro de contraponer los «derechos de los padres» a los «derechos de los niños». No se trata, en efecto, de «normas autónomas contrastantes puestas en un plano de paridad», porque en realidad «los niños necesitan a sus padres», que deben guiar a sus hijos «hacia un desarrollo humano integral y hacia la maduración de la autonomía y la responsabilidad personal». Desde esta perspectiva, la capacidad de los padres de «vigilar y controlar» el uso de los dispositivos electrónicos por parte de los niños «no es una violación del derecho a la intimidad» de los menores, sino que «es una forma esencial de promover y proteger su dignidad y sus derechos», así como «una medida de seguridad para garantizar que los niños no sean explotados ni abusados».
No al llamado «derecho al aborto»
En este contexto, fue fundamental el énfasis de la Santa Sede en el hecho de que «el derecho internacional no reconoce un llamado ‘derecho’ a informaciones y servicios relacionados con la salud sexual reproductiva, que implica el acceso a al aborto y a los servicios de planificación familiar». Además, se recordó que «la notificación y/o el consentimiento obligatorio de los padres para la prescripción de anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo» no constituye una violación al derecho a la privacidad de los menores, sino que representan «el derecho y el deber de los padres de evaluar el mejor interés de su hijo».
Los refugiados no son números, sino nuestros hermanos
Por último, ayer, 6 de julio, dirigiéndose al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Santa Sede se detuvo en los desplazamientos forzados que destruyen las familias y provocan en quienes son víctimas «una continua incertidumbre sobre el acceso a la atención sanitaria, a la educación y al trabajo digno». En la raíz del problema, se recordó, hay causas «cada vez más complejas», entre ellas el cambio climático, que «tiene un efecto desproporcionado en los pobres y vulnerables». Y las cifras no son nada alentadoras: a finales de 2020, había 82,4 millones de desplazados forzosos, una cifra que se ha visto agravada por la pandemia. Pero detrás de esas cifras y estadísticas hay personas, «están nuestros hermanos y hermanas», dijo la Misión Permanente del Vaticano.
Pedir asilo es un derecho
Por ello, son necesarias «políticas de reasentamiento más generosas» y «un mayor compromiso para compartir responsabilidades» entre los distintos países del mundo, a fin de «construir juntos un futuro de justicia y paz, y asegurar que nadie sea dejado atrás». En efecto, es «deplorable», dijo la Santa Sede, que «la pandemia se haya convertido también en una crisis de protección y en otra causa de retraso en el logro de soluciones duraderas», porque «el derecho a solicitar asilo reconoce en última instancia que somos una sola familia humana» y, especialmente en tiempos de pandemia, «representa un faro de esperanza para muchos».
Los refugiados son sujetos de derechos y deberes
Incertidumbre y vulnerabilidad, falta de respuestas adecuadas, disminución de las cuotas de reasentamiento, soluciones elusivas: la emergencia sanitaria del coronavirus ha provocado todo esto entre los migrantes y refugiados, reiteró la Santa Sede, además de su exclusión del acceso a bienes fundamentales como la atención sanitaria, incluidas las vacunas, y la educación. Por ello, se destacó la importancia de «reforzar la cooperación y la solidaridad internacionales» para » asistir eficazmente a los Estados que acogen a un gran número de refugiados». Al mismo tiempo, es importante reconocer -añadió la Misión Permanente- «la resiliencia de los mismos refugiados y su contribución frente a la pandemia, es decir, el hecho de que pongan a disposición de otros sus habilidades, experiencia y conocimientos, a menudo de forma voluntaria». Esto demuestra que «los refugiados y desplazados no son sólo objeto de asistencia, sino también sujetos de derechos y deberes, como todos los seres humanos».
Respetar el principio de no devolución
En cuanto al derecho que tienen los Estados a gestionar las propias fronteras, la Santa Sede subrayó que este derecho debe ser respetado, pero al mismo tiempo animó a equilibrar «las preocupaciones de salud pública con el respeto al principio de no devolución y el derecho a solicitar asilo». Por último, la Misión Permanente dirigió un pensamiento de agradecimiento a todos aquellos que, en tiempos de la pandemia del Covid-19, se pusieron al servicio del prójimo, «personas valientes que permanecieron en primera línea para ofrecer una atención especial a las necesidades de los refugiados y migrantes».
