El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humano (Provea) presentó este martes 14 de julio su informe anual general sobre el año 2019: «Avance autoritario y crisis social». El coordinador general de esta ONG, Rafael Uzcátegui, recordó que el año pasado «avanzó y se profundizó el deterioro de los derechos económicos, sociales y humanos», especialmente desde que el diputado Juan Guaidó se proclamó como presidente interino de Venezuela y resaltó que «estamos siendo testigos de una crisis de representación política que no ha logrado consensuar una estrategia para salir de la crisis».
Sin embargo, Uzcátegui califica como aspectos positivos el hecho de la activación de los mecanismos internacionales de protección sobre Venezuela, la Misión de Verificación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas, así como la actuación de la Organización Internacional del Trabajo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Penal Internacional con la apertura de un caso en Venezuela; el cual sería el primero en América Latina.
La presentación del informe de Provea contó con la participación de varios expertos en el área económica, de seguridad y de salud, como lo son: el economista Manuel Sutherland, el abogado Inti Rodríguez, el médico infectólogo Julio Castro y el investigador Keymer Ávila.
Récord de torturas
El abogado Inti Rodríguez explicó que desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en el año 2013 ha habido un aumento en la ausencia de democracia, en la militarización de la seguridad ciudadana y la gestión de manifestaciones, en la impunidad, se acentuó la represión, el terrorismo de Estado, así como se registraron los peores indicadores en derechos humanos desde 1989.
Durante la gestión de Maduro, Provea registra un total de 34.135 violaciones a la integridad personal con torturas, heridas, tratos crueles e inhumanos, amenazas, hostigamientos contra trabajadores y dirigentes políticos, pero con una cifra récord de torturas el año pasado con 574 víctimas de violación de los derechos humanos. Esta organización condena que en el país no exista información oficial sobre lo que ocurre y admite que «hay mucho temor para denunciar, así como hay censura y hostigamiento contra los medios».
Del mismo modo, Rodríguez informó que desde que Nicolás Maduro asumió el poder, 72 personas han sido asesinadas bajo tortura, «siendo el año 2019 el que tiene la peor cifra con 23 asesinados como consecuencia de estas torturas, con el caso de Rafael Acosta Arévalo como el más recordado, quien murió el 26 de junio, justamente el Día Internacional contra la Tortura».
Durante el año 2019, Provea registra 852 víctimas de tratos crueles, lo que significa un descenso de 12% con respecto a 2018, pero contabiliza 1033 heridos y lesionados, lo que representa un aumento de 1.359% con respecto al año anterior, en el que solo hubo 76 heridos y/o lesionados; del total de heridos, 95,52% fueron heridos en las manifestaciones iniciadas luego de que Guaidó asumiera la presidencia del Parlamento. «Este es el tercer registro más alto de la era de Maduro», asevera Inti Rodríguez.
En total, el período de mando de Maduro tiene un registro de 1.170 víctimas, en contraste con los 895 perjudicados en los 24 años anteriores a este gobierno.
En este mismo sentido, el investigador de Provea sostiene que «las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se han convertido en un grupo de exterminio, con aval para la impunidad como para hechos que violen los derechos humanos»; las cuales, -denuncia Inti Rodríguez- «se unieron con funcionarios de la Guardia Nacional para herir y lesionar a manifestantes en 2019».
Para Rodríguez, en Venezuela es necesario reformar la Ley Contra la Tortura, pero considera que para ello se debe ir más allá «con el rescate de la democracia» porque sostiene que mientras el Ministerio Público continúe ocultando los delitos cometidos por funcionarios policiales, los registros serán más lamentables.
Asesinados por uso de la fuerza
Por su parte, el investigador de Ciencias Penales y profesor de Criminolgía de la Universidad Central de Venezuela, Keymer Ávila, se refirió al uso de la fuerza letal y el derecho a la vida en Venezuela, resaltando en primer lugar que en el país no hay data oficial del año pasado; no obstante, afirma que «entre los años 2010 y 2018 han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas«, 69% de estos casos ocurrieron entre 2016 y 2018.
Asimismo, Ávila indica que en 2010 la tasa era de 2,3 y en 2018 llegó a 16,6%; lo que representa un crecimiento de 622% para el año 2018. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la estimación para 2019 fue de 5.286. El investigador enfatiza que «la mayoría de las muertes a mano de las fuerzas armadas en Venezuela son el resultado de despliegues de un uso desproporcionado de la fuerza y no por enfrentamientos».
Entre enero y mayo de este año, de acuerdo con el Informe de la Alta Comisionado de la ONU, Michelle Bachelet, 1.324 personas han muerto por intervención de la fuerza pública entre los meses de enero y mayo y en el mismo período de tiempo ha habido 1.363 homicidios comunes, para un total de 2.687.
Keymer Ávila explica que de 979 casos analizados en el informe Provea, donde se contabilizaron 1.497 civiles fallecidos a manos de policías, hallaron que: solo murieron 16 agentes de seguridad pública, lo que da razón de que por cada policía fallecido, mueren 94 civiles, contaron 92 civiles heridos, es decir, que por cada civil herido fallecen 16; en contraste, por cada cinco funcionarios heridos, fallece uno y solo encontraron 318 detenidos, lo que significa que por cada civil detenido fallecen cinco.
Complejidad en la salud
El infectólogo y miembro de la comisión asesora de salud de la Asamblea Nacional, Julio Castro, aseguró que en materia de salud, el informe de Provea «2019 fue un año particularmente complejo». Indicó que el promedio nacional de falla de agua en los hospitales y emergencias estuvo alrededor de 80% y recalcó que «un hospital tiene que tener agua las 24 horas del día, todos los días de la semana porque un hospital que no tiene agua algunas horas no llena las condiciones mínimas» y dice que dos de cada tres hospitales en el país tiene agua máximo una o dos veces a la semana por camiones cisternas.
Recordó que tras el apagón ocurrido en el mes de marzo del año pasado, «se deterioraron casi todos los servicios hospitalarios». Según la Encuesta Nacional de Hospitales el número de «muertes evitables» se extrae de los pacientes que llegan con emergencias cardiovasculares y por trauma, y fallecen en la sala de emergencia.
Castro aseguró que 23% de estas muertes son producto de la la escasez de medicamentos e insumos médicos, que imposibilitaron al personal la capacidad de respuesta ante estas situaciones. Es por esto que aseguró que solo en el 2019 se pudieron haber evitado «2.602 muertes cardiovasculares», así como 2256 muertes a causas de traumatismos.
Castro explicó que las muertes en los centros de salud, producto de las fallas en el servicio eléctrico, disminuyeron durante el segundo semestre de 2019 gracias a la dotación de plantas eléctricas que ingresaron al país por parte de las organizaciones internacionales como la Cruz Roja y la Unicef.
El médico infectólogo enfatizó que una de las grandes debilidades «es el déficit de información epidemiológica exacta y a tiempo para tomar decisiones en políticas públicas. En Venezuela no se comparte información epidemiológica desde hace cuatro años y eso es una debilidad terrible que tiene que ver no solo con un derecho a la información».
Castro se refirió a los datos del coronavirus y dijo que «no estamos satisfechos con el tipo de información que están liberando porque es parcializada, de muy mala calidad, de gente que no es experta en ese tipo de información, y eso debería estar en documentos profundos para poder hacer políticas de Estado con relación a eso».
Señaló que no cree que «el gobierno tenga 20.000 casos positivos escondidos, eso no está pasando». Por otra parte, condenó que en Venezuela se estén haciendo 600 pruebas PCR por día, cuando considera que se deberían estar haciendo unas 6.000.
Sobre la ayuda humanitaria que va a llegar a Venezuela para hacer frente a la pandemia por el coronavirus, Julio Castro asegura que «es mínima», dijo que son 11 millones de dólares, pero estima que en el país se necesitan unos 800 millones de dólares para poner los hospitales en una situación comparativa con el resto de América Latina para atender pacientes con covid-19.
72 años de retraso económico
El economista Manuel Sutherland asegura que la economía del país para el año 2019 solo se podía comprar con la de los años 1947 porque se tuvo un nivel de retraso de 72 años. Igualmente, dice que «no hay dinero en Venezuela, no hay recursos; por lo que no se puede recuperar la economía, cuando se ha perdido 90% del salario».
Sutherland recuerda que en el año 2001, el salario y el bono de alimentación en Venezuela era de 401 dólares y que para abril y julio de este año, rondaba los $4 mensuales; lo que equivale a una caída de 99% de su valor; «nunca se había visto algo así», lamenta.
De acuerdo con Manuel Sutherland , para que Venezuela pueda recuperarse, son necesarias algunas de estas acciones:
- Es necesario un acuerdo humanitario político, a través de microacuerdos que logren una paz mínima y permitan pensar un un gobierno de amplia unidad nacional.
- Venezuela tiene alrededor de 10 mil millones de dólares congelados en cuentas en el extranjero que se deben recuperar.
- Con apenas 2,4 millones de dólares, se pudiera dar un bono a cuatro millones de hogares mensuales por cuatro meses; lo que es indispensable para recuperar la demanda solvente y frenar el avance de la pobreza.
- Es vital una reforma en la Ley de Hidrocarburos o un decreto especial que permita «monetizar» a través de bonos parte del petróleo que se pudiera extraer para generar recursos.
Rafael Uzcátegui considera que los indicadores de pobreza continuarán aumentando en medio de estas circunstancias en el país, pero desde Provea ratifican su compromiso para seguir documentando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y para rescatar la democracia y lograr mejores condiciones de vida.
