La familia de la joven Karla Romero (29), estudiante del cuarto año de derecho en la Universidad Católica del Táchira (Ucat), quien por encargo del oficial de la Guardia Nacional (GN), Manuel Parra, fue ajusticiada a tiros por dos individuos que se trasladaban en motocicleta el 9 de mayo de 2018, acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la Oficina Pública de defensa de las víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Fiscalía de la CPI, con el apoyo de la Fundación El Amparo, que preside el defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, con el fin de buscar la justicia que en Venezuela se les ha negado desde hace dos años.
Explicó Walter Márquez, acompañado de varios familiares de la joven estudiante fallecida, entre ellos, sus hermanas Luz del Mar y Briggitte Romero y su abuela Gladys Quintero, que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Ministerio Público, lograron determinar, basados en evidencias precisas, que el asesinato de Karla Romero fue por encargo, tal como lo aceptó y confesó el autor material de este homicidio calificado, Jaiver Enrique Velásquez Colmenares, quien actuó en compañía de Enderson Daniel Hernández Vargas, acusado también de cooperador inmediato, por ser quien manejaba la moto.
“En este caso existen elementos de convicción para la acusación firme en contra de los involucrados, pues además de los testimonios y experticias recabados por el CICPC están las pruebas realizadas a los teléfonos móviles del autor intelectual, de los intermediarios y de los autores materiales, la propia confesión del autor material quien habría cobrado 4 millones de pesos colombianos por “el encargo” de acabar con la vida de la joven Karla, y la información sobre las amenazas que anterior al asesinato había proferido el responsable de estos hechos, con quien tenía una relación sentimental”, explicó Márquez.
Detalló que están en presencia de un homicidio calificado que se conoce como femicidio pues el autor material confesó, y está claramente identificada una cadena de responsables que empieza con Manuel Salvador Parra Ramírez, autor intelectual, quien valiéndose de su jerarquía como Mayor de la Guardia Nacional coordinó con su subalterno Ledysson Becerra Castillo, y éste, a su vez, hizo contacto con Wilfrid Tovar Landaeta, quien participó como intermediario y contrató a Jaiver Enrique Velásquez quien finalmente se hizo acompañar de Enderson Daniel Hernández Vargas.
Destacó Márquez que la Juez Primero en funciones de control y de delitos de violencia contra la mujer, Peggy María Pacheco Araque, dictó orden de captura contra los principales responsables de este hecho el 15 de octubre de 2018, pero a la fecha lo único que ha ocurrido es el ascenso militar del responsable.
Maniobras judiciales
Denunció Walter Márquez que el 14 de febrero de 2019 iniciaron unas maniobras judiciales encabezadas por Maikel Moreno, quien paralizó la causa y pidió el expediente el cual fue remitido al Tribunal de Primera Instancia de Control número 6 del estado Miranda, actuando la Fiscal 47 del Ministerio Público quien no ratificó los cargos cuando se presentó Manuel Salvador Parra Ramírez, el 14 de agosto de 2019.
“La situación es muy grave porque la Fiscalía del Ministerio Público en el Táchira a través de la Fiscal Cuarto había formulado cargos por homicidio calificado contra Manuel Parra, pero en Caracas la juez Ariana Castro Torres, sin analizar el cumulo probatorio, señaló que no había elementos suficientes para mantener la orden de captura y sustituyó esa orden de aprehensión por una presentación cada 30 días y una orden de prohibición de salida del país”, precisó.
Acotó Márquez que aunado a ello hace una semana Manuel Parra fue ascendido por Nicolás Maduro a Teniente Coronel. “No solo se obvió lo establecido en el expediente, sino que se premia a un asesino, porque en los últimos ascensos militares el propio Nicolás Maduro le otorgó el grado de Teniente Coronel a Manuel Parra, con cuya actitud no solo se encubre un crimen, sino que además se viola el honor militar”, acotó.
Como presidente de la Fundación El Amparo y diputado jubilado “rechazo esta maniobra judicial impulsada por Maikel Moreno y el régimen para encubrir un crimen alevoso y al mismo tiempo condenamos otro hecho reprochable como es el que Nicolás Maduro haya ascendido a Manuel Salvador Parra y a Alexander Granko Arteaga, este último responsable del asesinato de Oscar Pérez y de la joven tachirense Lisbeth Andreina Ramírez, asesinadas en El Junquito el 15 de enero de 2018; es decir, que ascendieron a dos “feminicidas” asesinos de mujeres tachirenses, por lo que continuaremos con nuestra lucha de que en Venezuela prevalezca la justicia y se respeten los derechos humanos, y muy especialmente los derechos de las mujeres”, afirmó.
