La Asamblea Nacional de Nicolás Maduro dio luz verde a la realización de unas megaelecciones para escoger a los 335 alcaldes, 23 gobernadores y posiblemente los parlamentos regionales y concejos municipales del país. Esto luego de quedar derogada la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, que impedía la realización de estos comicios de forma conjunta.
La derogación de la norma fue aprobada de forma unánime en la sesión ordinaria del Parlamento de mayoría chavista este 2 de marzo.
El presidente de la comisión de Política Interior, Pedro Carreño, aseguró que la derogatoria permitirá a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sean designados por la AN, hacer los comicios de forma conjunta.
La derogatoria fue respaldada por el diputado Juan Carlos Alvarado. El parlamentario aseveró que la medida busca que el pueblo venezolano participe en la recuperación del país regresando a las urnas electorales.
Para el diputado Alfonzo Campos con la derogación de Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales se dan los primeros pasos para garantizar el consenso real que Venezuela espera.
«La AN debe dar altura política al país, más allá de defender espacios polarizados, para generar confianza y hacer que el pueblo vuelva a la democracia por medio del sufragio. El poder no puede estar ejercido en una polaridad política», dijo.
AN de Maduro estudiará andamiaje legal
La AN de Maduro, aprobó la creación de una comisión ordinaria que estudiará el andamiaje legislativo del país. La instancia parlamentaria, que contará con un integrante de cada comisión permanente del Legislativo, analizará el total de las leyes que han sido promulgadas en Venezuela, cuántas están vigentes, cuántas han sido reformadas y cuántas cuentan con un reglamento que permita su aplicación y desarrollo.
Integran la comisión los diputados Hermann Escarrá, quien la preside, Juan Francisco Escalona como primer vicepresidente, el opositor José Gregorio Correa como segundo vicepresidente. Quedan por conocerse los representantes de cada comisión permanente.
La creación de la comisión fue propuesta por el diputado Escalona, al inicio de la sesión ordinaria de este 2 de marzo. El parlamentario señaló que la AN está obligada a hacer un aporte para que el país cuente con un índice legislativo actualizado, que sea público y le permita a todos los diputados juristas, estudiantes de derecho y universitarios en general y al pueblo «legislador» el estudio permanente de las leyes y el andamiaje jurídico vigente.
Proyecto de ley antidrogas
En la sesión se aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Drogas, que comprende la creación de una superintendencia nacional antidrogas y un grupo de tareas antidrogas. Así como también, tener mayor agilidad en materia legal para atajar nuevos delitos relacionados al tráfico de estupefacientes.
La enmienda fue presentada por el presidente de la comisión de Política Interior, diputado Pedro Carreño, quien aseveró que el problema de la droga es usado como mecanismo, de países como Estados Unidos (EEUU) y Colombia, para la intromisión en los asuntos de las naciones.
«Este instrumento de ley tiene la oportunidad estelar de reencontrarse con nuestro pueblo, sincerar al mundo las calamidades que viven los pueblos y gobiernos libres de este planeta que no se ciñen a la voluntad de los poderosos», dijo.
Tildó de necesario trabajar para hacer frente a estos delitos desde dos niveles, el ámbito punitivo, «pero también es importante darle a la gente donde más les duele: el bolsillo». Según Carreño, es necesario analizar el problema del tráfico de drogas desde la perspectiva de seguridad de Estado, pues aseguró que la oposición está convencida de que puede abrir un «boquete ético» al gobierno.
Cuestionó que desde la administración colombiana y estadounidense se tilde a Venezuela de ser un «narcoestado». Argumentó que de acuerdo a informes internacionales el país está libre de cultivos.
Por otra parte, aseveró que las leyes no tienen nada que ver en la incidencia de los delitos, porque no impactan los factores criminógenos. «No es verdad que el incremento de la pena reduce la incidencia», agregó.
«Todo es un negocio entre Colombia y EEUU. Llegó la hora de la venganza porque con esta ley debemos construir un instrumento legislativo que se constituya en una suerte de espada para acabar con el negocio de EEUU y Colombia. Vamos a entregar un instrumento legal que sirva para hacer frente en este flagelo», expresó.
