La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves la «Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado Venezolano en el Extranjero», la cual permitirá la defensa de los activos que pertenecen al pueblo venezolano.
En este sentido, la ley sancionada aclara en su exposición de motivos que esta regulación especial no pretende sustituir a la actualmente vigente en el país, sino para fijar las reglas especiales que se correspondan con la situación extraordinaria que vive la nación en la actualidad.
Se propone una regulación contentiva de las normas que deberían regir en todas las contrataciones de adquisición de bienes y servicios, las cuales, por razones de la extraordinaria situación de usurpación de los Poderes Públicos que vive el país, son una simplificación de las que están contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas, según una nota publicada por el Parlamento.
Señala el documento legal que esto se hizo para asegurar la debida transparencia en las operaciones y la obligación de la existencia de un Acto Motivado Interno que justifique la necesidad de la respectiva contratación, así como la velicación previa de previsión y disponibilidad presupuestaria para poder contratar.
El vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el diputado por el estado Bolívar, Luis Silva, quien presentó este instrumento legal, manifestó que es de suma importancia «estratégica cortar toda fuente de financiamiento a los enemigos del pueblo venezolano».
«Los activos venezolanos en el exterior son propiedad del pueblo venezolano no podemos permitir que sigan siendo robados por una cúpula corrupta, ni utilizados para financiar la represión, por eso hoy presentamos para su segunda discusión el proyecto de ley Especial de Contrataciones Públicas asociadas a la defensa recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos y bienes del estado venezolano en el exterior», resaltó.
Agregó que esta ley va a permitir seguir recuperando y poniendo a salvo del Gobierno los valiosos activos que serán la base para reiniciar el proceso de reconstrucción nacional, según Silva.
La Asamblea Nacional, en cumplimiento de la Constitución, al tratarse de un contrato de interés nacional y del Estatuto para la Transición, autorizó que la administración de Guaidó contratase a las empresas seleccionadas para la ejecución y administración del Fondo de Liberación Nacional.
¿Por qué y para qué se requiere?
La institucionalidad financiera del Estado venezolano continúa bajo el mando de Nicolás Maduro, y no se cuenta con una Tesorería, por lo que es de real importancia contar con un ente que lleve adelante el seguimiento y administración del Fondo de Liberación Nacional para su correcta ejecución.
¿Para qué sirve esto?
Con este paso, se podrá ejecutar de manera adecuada, eficaz, contable y transparente los pagos del Fondo de Liberación, como por ejemplo el programa Héroes de la Salud. Nuestro principal objetivo es garantizar la efectividad y transparencia del uso del Fondo.
¿Cómo se escogieron las empresas contratadas?
Este proceso de selección fue llevado adelante por el Consejo de Administración del Fondo de Liberación, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la Contraloría y la Procuraduría de la República, además de contar con la participación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, quien autorizó la ejecución de los recursos.
¿Por qué participó la OFAC?
Al ser el Fondo de Liberación de Venezuela una ejecución de fondos congelados en el exterior, era necesario el aval de la institución encargada de esta materia en el país, en este caso la OFAC, para garantizar la transparencia y las buenas prácticas en este procedimiento.
¿Cuáles y por qué fueron seleccionadas las empresas adjudicadas?
Fueron elegidas en un proceso en el que inicialmente se contactaron a las cinco mejores firmas de contaduría y administración a nivel mundial. Sin embargo, las mismas manifestaron no estar dispuestas a involucrarse en esta labor, ya que aún mantienen operaciones dentro de Venezuela y temían las represalias que pudiesen recibir por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. Ante ello, las mismas recomendaron empresas aliadas, que contaban con su aval, y que fueron validadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. y las instituciones de nuestra República como capacitadas para ejercer esta labor, quedando BRV Disbursement Co. LLC y BRV Administrator Co. LLC.
¿Cuál será el rol de la OEA en este proceso?
Tras distintas rondas de conversaciones de la administración de Guaidó con representantes de la OEA y del gobierno de los Estados Unidos, se concluyó que, tanto por dificultades técnicas y como por el importante ahorro económico que iba significar para el Estado venezolano, resultaba más práctico y eficiente delegar en las organizaciones internacionales privadas especializadas la administración del fondo. Sin embargo, mantenemos la mayor comunicación y trabajado permanente con la OEA para este y los demás del equipo del líder opositor.
