Al cumplirse los 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue impulsado después de la Segunda Guerra Mundial y de los juicios de Nuremberg, se recordó en el Táchira como un hecho emblemático de violación de los derechos humanos el caso la joven estudiante de derecho, Karla Romero, quien fuera asesinada el 9 de mayo del 2018.
Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo y defensor de los derechos humanos, quien estuvo acompañado por familiares de la víctima de feminicidio, entre ellas sus hermanas Luz del Mar y Brigitte Romero, su abuela Gladys Sepúlveda de Quintero, indicó que este caso conmovió a la opinión pública regional y nacional ya que luego de un eficiente trabajo de investigación por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se determinó la responsabilidad intelectual del para esa época Mayor de la Guardia Nacional Manuel Salvador Parra, quien posteriormente pasó a formar parte de la guardia de honor de Casa Militar, y premiado, a pesar de los señalamientos en su contra, con un ascenso por parte del actual mandatario de facto Nicolás Maduro.
Destacó Walter Márquez que además del esclarecimiento del caso por parte del CICPC destacó la actuación del fiscal del caso Gerson Mora, quien pidió no solo orden de aprehensión contra los responsables, sino también la orden de captura contra Manuel Salvador Parra como autor intelectual, junto con Ledynsson Becerra Castillo y Wilfrid Tovar, quienes fueron los intermediarios, además de la detención de Jaiver Velásquez Colmenares y Enderson Hernández como autores materiales.
Recordó Márquez que además de las abundantes pruebas recabadas por el CICPC Jaiver Colmenares y su esposa confesaron , lo cual redundó en la comprobación irrefutable del caso, pero a pesar de ello montaron una maniobra desde Caracas a través de Mikel Moreno, Presidente de la Sala Penal y Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, contraviniendo su responsabilidad de una recta administración de justicia , y por el contrario se abocó de oficio al caso sin que nadie se lo pidiera, solicitando el expediente de San Cristóbal para trasladarlo a Los Teques donde la fiscal Liseth Caraballo se abstuvo de formular los cargos que ya habían sido solicitados en Táchira, y la juez Johana Rivera cambió la orden de detención por una de libertad condicionada, y por último sobreseyeron la causa de los principales indiciados, Manuel Salvador Parra y Ledynsson Becerra.
Indicó Márquez que existen muchos intereses de por medio y Mikel Moreno, tarde o temprano, tendrá que responder ante la justicia humana y la justicia divina, por cuanto lo que ha hecho en este caso en particular representa claramente un abuso de poder, manipulación de la justicia y un acto de arbitrariedad, por lo que la familia de Karla Romero, junto con la Fundación El Amparo vamos a seguir luchando para que este caso se investigue y se sancione a los responsables en las instancias a las que haya lugar.
En este sentido indicó que se están preparando denuncias para la Misión Internacional Independiente de Verificación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también se le enviará a Michell Bachelet, al Relator de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales y también a la comisión interamericana de derechos humanos de la OEA.
Aquí hay un inocultable hecho de violencia de género y de manipulación de la justicias, es inaceptable que la fiscal de Los Teques, Liseth Caraballo y la juez Johana Rivera de los Teques siendo mujeres, se hayan prestado para encubrir este feminicidio, expresó Márquez
Por último y en nombre de la familia de Karla Romero responsabilizó Walter Márquez a Mikel Moreno como presidente de la Sala Penal y Presidente del Tribunal Supremo de Justicia quien se ha presentado incluso en la Corte Penal Internacional de La Haya tratando de demostrar que en Venezuela se respetan los derechos humanos, cuando él es responsable de crímenes de lesa humanidad al hacer todo lo que ha estado a su alcance para que este asesinato quede impune.
