Los cambios en las embajadas de Chile y Bolivia, aprobados por la Asamblea Nacional, se producen luego de la renuncia de sus embajadores en mayo y junio, respectivamente

La Asamblea Nacional aprobó las designaciones de nuevos representantes diplomáticos del gobierno interino de Juan Guaidó para Bolivia y Chile.

En la sesión virtual del Parlamento, de este martes 22 de septiembre, Carlos Andrés Millán Vielma fue designado como nuevo embajador en Chile y José Gregorio Cumare como nuevo representante diplomático en Bolivia. La solicitud fue hecha por el mandatario interino, Juan Guaidó, para solventar los vacíos luego de las renuncias de Guarequena Gutiérrez y Winston Flores, respectivamente.

Gutiérrez renunció el 31 de mayo de este año a la representación diplomática de Chile, luego de aludir a problemas financieros al no ostentar un salario fijo, además de problemas migratorios que debía resolver para seguir residiendo en ese país de forma legal.

Mientras que el 23 de junio, el diputado Winston Flores (Voluntad Popular – Vargas) dejó su representación ante el Estado Plurinacional de Bolivia – cargo que asumió en febrero de ese año- para dedicarse a la reincorporación de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Durante la sesión, los parlamentarios de la Asamblea Nacional debatieron nuevamente sobre el informe de la Misión de Determinación de Hechos, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela, para exigir la actuación de la comunidad internacional.

Y es que el informe de esta Misión establece responsabilidades sobre Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, y los vincula con delitos y crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en Venezuela desde 2014 hasta la fecha.

La parlamentaria Delsa Solórzano, presidenta de la comisión especial de Justicia y Paz, reiteró que en el informe hace un llamado a la comunidad internacional a iniciar acciones legales contra los responsables por las violaciones de derechos humanos.

Recordó que cuando se abrió la investigación contra el régimen de Maduro, cinco países introdujeron una solicitud de investigación ante organismos internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad que dependen del Estatuto de Roma, los cuales instaron a la CPI, «actuar de manera inmediata y urgente considerando, que en efecto, en Venezuela, se habían cometido graves tropelías de manera sistemática contra los ciudadanos opositores a la dictadura».

El diputado Américo de Grazia sugirió acudir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para sustentar todos los casos, además de exigir la expulsión del régimen de Nicolás Maduro del  Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues a su juicio «es una afrenta a los venezolanos y a esa institución porque son unos criminales».

De igual forma, exigió a la comunidad internacional ejecutar más sanciones y presiones contra el régimen, al que acusó de tener vínculos con carteles de la droga y grupos terroristas «para someter a los venezolanos a un control social, a través de la represión, detenciones arbitrarias, torturas, masacres, hambre y violencia».

El parlamentario Richard Blanco, a nombre de la fracción 16 de julio, exigió discutir el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que permitiría la aprobación de misiones militares extrajeras en el país.

«Están dadas las condiciones para solicitar apoyos internacionales, ya que la República es firmante de diferentes tratados y doctrinas  internacionales, como la responsabilidad de proteger (R2P) de la ONU y  la Resolución 773 del Consejo de Seguridad de la ONU, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)», alegó Blanco.

Crisis de gasolina

Los diputados también discutieron nuevamente sobre la crisis por la escasez de gasolina en todo el país, debido a la «destrucción de Pdvsa», que compararon con las refinerías cubanas.

Robert Alcalá aseveró en su intervención que, actualmente, lo que hay son «desechos de refinerías» que se «parecen ahora a las cubanas (…) por ese accionar del régimen es que tenemos hoy al pueblo caminando, como pasa en Cuba, o en bicicleta, en burro, como sucede en algunos municipios del estado Sucre, porque no hay combustible para el venezolano trabajador».

El parlamentario indicó que los pescadores «están sufriendo» porque les niegan el combustible, al igual que a los transportistas de alimentos, comerciantes, pacientes que tienen que recibir tratamientos o practicarse una diálisis.

Además, afirmó que hay corrupción por parte de funcionarios militares y policiales, e incluso civiles. «En el caso de Sucre y otros estados del país estos funcionarios corruptos venden la gasolina en tres y hasta cuatro dólares por litro, es decir, que Venezuela paso a ser el país con la gasolina más barata del mundo, a ser el país con la gasolina más cara del mundo».

Mientras que la diputada Deyalitza Aray calificó de «ineficientes» las medidas que ha tomado el régimen para la importación de la gasolina. «Ahora la población sufre, más de tres mil vehículos en las colas se han contabilizado en Valencia en las estaciones de servicio para surtir de gasolina».

Aray resaltó que «la misma OPEP en su informe da cuenta de la ineficiencia de los niveles a lo que llevó esta dictadura a la industria más importante del país como Pdvsa y la posición que tenía el país en el mundo petrolero. La única manera que ahora Venezuela puede surtirse de gasolina es mediante la importación de combustible es vergonzoso es una muestra indeclinable para desmantelar una empresa que era orgullo de todos los venezolanos».

Por su parte, el parlamentario Ricardo Aponte dijo que la escasez de gasolina es un «problema crónico» que se ha agudizado en todo el país, «generando caos». «La gran mayoría de las gasolineras están cerradas. Las subsidiadas ya no abren. En las dolarizadas operan las mafias de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana generando kilómetros de colas y venden la gasolina en 2, 3, 4 y hasta 5 dólares por litro».