Desde febrero de 2023, las embarcaciones de las organizaciones no gubernamentales que participan en operaciones de rescate en el Mediterráneo central han sido objeto de 29 detenciones administrativas, lo que supone un total de 700 días pasados en puertos en lugar de en el mar. Así lo denunciaron 32 organizaciones de la sociedad civil, que lanzaron un llamamiento pidiendo la eliminación de los obstáculos que ralentizan o impiden las actividades de búsqueda y rescate.
Lea también: Obispo del Táchira pide apoyo para el Vicariato Apostólico del Caroní
Según los datos publicados, los mismos buques tardaron 822 días más en llegar a los puertos de desembarco a distancias consideradas excesivas, recorriendo en total más de 330.000 kilómetros en el mar. Las organizaciones firmantes, entre ellas Emergency, Open Arms, Sea-Watch y SOS Mediterráneo, subrayan el papel crucial de estos buques, especialmente los más pequeños, en la vigilancia de las rutas migratorias, la prestación de primeros auxilios y el traslado de náufragos a barcos mejor equipados.
Detenciones y restricciones
Las medidas restrictivas, que en un principio sólo afectaban a los buques SAR (Search and Rescue) dedicados a operaciones de salvamento, se ampliaron posteriormente a embarcaciones más pequeñas utilizadas principalmente para actividades de seguimiento y vigilancia. En el último mes, tres embarcaciones han sido objeto de detención administrativa en virtud del llamado Decreto Piantedosi, una normativa que entró en vigor en enero de 2023 y fue modificada posteriormente mediante la ley de conversión del Decreto de Flujos aprobada en diciembre de 2024.
Entre estos buques, el Nadir, operado por la organización Resqship, ha sido detenido en dos ocasiones, mientras que el Sea-Eye 5, perteneciente a Sea-Eye, ha sido detenido en una ocasión, acusado de incumplir las instrucciones dadas por las autoridades competentes. Además, en algunos casos concretos, se instó a las tripulaciones de los barcos a proceder a transbordos selectivos de los náufragos, basándose en criterios de vulnerabilidad establecidos por las autoridades. Este modo de operación, según las ONG, es especialmente complejo de aplicar con seguridad inmediatamente después de un rescate en el mar, debido a las dificultades logísticas y a las necesidades médicas de los propios náufragos.
La protección de los derechos
Las 32 organizaciones implicadas en el salvamento marítimo destacan que, en varias ocasiones recientes, varios tribunales han dictado sentencias anulando sanciones y detenciones administrativas impuestas anteriormente a embarcaciones de salvamento marítimo, por considerarlas ilegales. Este reconocimiento jurídico refuerza la posición de las organizaciones que participan en las operaciones de salvamento.
Vatican News
