Recursos económicos insuficientes, condiciones de acceso rígidas y discriminatorias, políticas cada vez más exclusivas. Estos son los puntos que destaca el informe de Cáritas Europa, basado en información recogida por veinte Cáritas nacionales: casi el 90% afirma que en sus países los subsidios puestos a disposición por el Estado no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos, expuestos por tanto a un riesgo de pobreza extrema. Un problema que afecta a millones de personas en toda Europa, que se ven obligadas a afrontar una situación económica cada vez más precaria.
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En muchos países, para varias categorías, como los adultos jóvenes, entre 18 y 25 años, así como los inmigrantes y las personas sin hogar, es imposible acceder al ingreso mínimo debido a la falta de requisitos, como tener una residencia o recibir una cotización regular. Para muchos otros, la burocracia excesiva, así como las barreras digitales, implican que renuncian voluntariamente al subsidio.
El llamamiento de Cáritas Europa
El documento presentado por Cáritas cobra aún mayor importancia porque la Comisión Europea está trabajando en su primera estrategia comunitaria de lucha contra la pobreza. Para Maria Nyman, Secretaria General de Cáritas Europa, este informe es un llamamiento a los dirigentes de los países europeos para que los programas de subvenciones “permitan a las personas vivir con dignidad y participar plenamente en la sociedad”. Por ello, Cáritas espera una acción coordinada de la Unión Europea, pidiéndole que se comprometa con acciones concretas para que la renta mínima alcance el 75% del umbral de pobreza nacional.
La situación en Italia
Durante la presentación del informe en Bruselas, Giulio Bertoluzza, de la Cáritas Italiana, ilustró los recientes cambios en la renta mínima en Italia introducidos por la reforma de 2024: la sustitución de la Renta de Ciudadanía por el Subsidio de Inclusión ha reducido los criterios de acceso, excluyendo a muchas categorías de personas que ya se encontraban en situación de pobreza. Si bien por una parte el papel de los servicios sociales es cada vez más central, por otra es esencial que el Estado italiano actúe para acoger las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea de ampliar el acceso a las prestaciones y no seguir reduciéndolo como se ha hecho hasta ahora.
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