La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseveró su preocupación por el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela. Además de su impacto en la libertad académica.
Esto lo señaló por medio de sus Relatorías Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) y para la Libertad de Expresión (RELE). Y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE),
La CIDH informó que recibió información sobre “acciones del Estado tendientes a menoscabar la autonomía universitaria”. Especialmente por la “decisión de realizar el pago de nóminas del personal de las universidades públicas y sus entes adscritos a través del Sistema Patria”.
Asimismo, indicó haber recibido la información de una reducción significativa presupuestaria para las universidades públicas del país. La organización señaló que esta acción va a “agravar la crisis económica por la que atraviesa el sector educativo”.
De igual manera manifestó tener conocimiento de la baja remuneración salarial que reciben los profesores universitarios del país. Ésta se encuentra entre $5.92 y $10.43 USD mensuales.
Recibieron denuncias de exclusión
La organización también señaló que conocen las denuncias de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y otras agrupaciones universitarias de ser excluidas de las negociaciones colectivas con el gobierno. Indicó que esto afecta “la libertad de asociación del cuerpo docente”.
Por otro lado, la Comisión Interamericana expresó estar preocupada por el plan educativo «Redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario». El cual está siendo implementado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
La comisión consideró que esto puede “deteriorar la autonomía de las universidades públicas, condicionar los contenidos de las diferentes asignaturas e interferir en las decisiones de las y los estudiantes”.
Consecutivamente el CIDH puntualizó que organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el Poder Judicial ha realizado “más de 50 decisiones desde 2010 suspendiendo elecciones estudiantiles o desconociendo sus resultados, obligando a las universidades a acatar designaciones arbitrarias, e incluso legislando sobre procedimientos para la elección del gobierno universitario”.
La Comisión manifestó que las universidades son fundamentales para crear una sociedad democrática, ya que son “centros de pensamiento crítico y de intercambio de ideas”.
