“Por las inundaciones se han perdido cosechas (…) aquí se produce gran parte de la comida que sale para todo el país (…) aquí salen camiones cargados de tomates, ají dulce, cochinos, leche, queso y parchitas”
Carlos A. Ramírez B.
Las mejoras registradas en la troncal 5, una de las principales vías de comunicación del estado Táchira con los llanos venezolanos, si bien han dinamizado la zona, no menos cierto es que hay comunidades que padecen de una serie de acciones impositivas que se suman a las de vieja data.
La instauración de peaje «General Cipriano Castro», en Vega de Aza, un centro poblado perteneciente al municipio Torbes (San Josecito) fomentó la entrada de recursos para el estado, los cuales serán reinvertidos, de acuerdo a la declaración del gobernador Freddy Bernal, en las mejoras de la vialidad a lo largo de la troncal 5.
Pese a las disposiciones que traen consigo el desarrollo y avance de la entidad, existe un sector que vio cómo sus problemas se acrecentaron. La comunidad del parcelamiento Vega de Aza Torondoy, conformada por los Camellones 2 y 3 y el sector Carretera aduce que el estar en la línea limítrofe del peaje generó más problemas que soluciones.
Lee también: Detenerse, observar y caminar hacia la libertad: mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma
A solo 300 metros del peaje esta comunidad productora de rubros alimenticios ha exigido al gobierno regional una exoneración del pago, puesto que cada paso representa un gasto que día a día atenta contra la economía doméstica además de un incremento en los costos de sus productos en el mercado regional y nacional.
En las Normas y Procedimientos Técnicos Relativo a los Lineamientos en Materia de Conservación, Administración y Aprovechamiento de la Infraestructura Vial, se expresa en la resolución Número: 030 ítems 6 del artículo 4 que debería existir una “Vía Alterna a una vía explotada mediante régimen de concesión o administración directa: Se refiere a aquella vía que garantiza al usuario a transitar libremente sin tener que pagar a cambio contraprestación alguna; así como también, permita ofrecer comunicación entre dos localidades con un origen y un destino igual a la que ofrece esta vía concesionada sin tener que transitar por esta para lograr su recorrido”.
Bajo esta premisa, son las voces de los productores de la zona las que exigen una salida que mejore sus condiciones. Frank Guerrero, productor y residente de la zona resalta que los pagos son por ida y vuelta para hacer cualquier actividad que no solo es la de la producción, sino aquellas relacionadas con atención médica, compra de alimentos y pagos de servicios públicos han colapsado el ingreso de los pobladores de la comunidad.
Le puede interesar: Fuera el ídolo del dinero, una nueva obra de Maupal para la Cuaresma
“En el año 2023 se realizó un censo y fue presentado ante el Instituto Vialidad Tachirense (IVT) y la gobernación del estado Táchira (…) en esa oportunidad nos dieron una respuesta de manera verbal en un acto público donde nos aseguraron que el pago del peaje había sido exonerado una situación que no es real y la comunidad sigue siendo afectada”.
Guerrero aduce que está situación afecta a las 133 familias conformadas por 400 habitantes entre mujeres, niños y personas de la tercera edad quienes poseen menos de 100 vehículos, en su mayoría de carga, lo que acrecienta el pago dispuesto en el peaje.
“El pago diario por el peaje puede superar para los habitantes de la comunidad entre 30 y 120 mil pesos (…) en términos generales cada vez que pasan son quince mil pesos, es decir en llevar a sus hijos y traerlos ya son treinta mil pesos (…) como es una zona agrícola los vehículos de la comunidad todos son de carga y se cancelan como se estipula en las normativas que establecieron”.
Guerrero afirma que esta situación afecta la producción de maíz, ají dulce, yuca, lechosa, tomate, productos cárnicos, lácteos y sus derivados, limón, naranja, puesto que está zona es variable en la producción y netamente productiva en rubros alimenticios.
“Aparte del daño que genera el peaje porque es un pago criminal que le han impuesto a la comunidad (…) esta situación ocasiona gastos desde todo punto de vista, los vehículos que están al otro lado deben cancelar en la mañana para el traslado de los obreros y si surgiera otra situación deben cancelar ida y vuelta”.
Afectaciones
Sumado a la problemática del peaje, las afectaciones por las lluvias continúan generando pérdidas en las cosechas y daños en viviendas. Arsenio Bolaños es un productor de ají y yuca de la zona, afirma que el sector es una de los más importantes puesto que distribuye rubros alimenticios hasta el oriente del país, sin embargo, nada de esto los protege ante la llegada de las lluvias, las cuales han generado pérdidas incalculables para todos los habitantes.
“Esta zona está en medio de tres afluentes hídricos (…) se necesita estar dragando esos cursos de agua cada dos años como mínimo”.
Luis Pereira otro de los productores de la zona refuerza la problemática de las lluvias que año tras año genera zozobra en la zona.
“Nosotros estamos en medio de un río y dos quebradas (…) hace diez años que se hizo el último trabajo a la quebrada de la Aza, al río Torbes (…) el problema es que ahora el agua anegó viviendas y zonas de producción además va destruyendo varias zonas”.
Afirmó que la desidia por parte de los entes del estado lleva más de una década y que pese a los reclamos aún siguen en estado de desatención.
“Nosotros tenemos problemas de vialidad, de alumbrado público, de agua potable, de aseo urbano, el camión no volvió a venir hasta la zona (…) el agua por tubería no llega, aquí el que puede hace un puntillo (pozos pequeños para extraer agua con la ayuda de una planta eléctrica) y como la electricidad llega cada dos días (en la mayoría de las ocasiones) pues el problema se acrecienta”.
Carlos Ramírez
