El Consejo de la Judicatura destituyó el pasado viernes 19 de marzo a la juez Andrea Estefanía Bernal Colmenares, quien ejercía el cargo de juez de Primera Instancia en lo Penal del Táchira en Función de Juicio Número Uno, contra quien la Inspectoría de Tribunales del estado, solicitó su remoción en virtud a errores inexcusables cometidos en el ejercicio de su cargo y graves hechos de corrupción judicial.
La información fue ofrecida por el historiador Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo y defensor de los Derechos Humanos, quien la semana pasada denuncio públicamente a la juez, acompañado de la señora Cándida Lozano viuda de Romón; Amparo, Carmen y Yurabi Romón Lozano, madre y hermanas, respectivamente, de José Gregorio Romón Lozano, quien falleció el 26 de septiembre de 2007 por una mala praxis médica en una cirugía de manga gástrica, intervención quirúrgica realizada en el Centro Clínico San Cristóbal por el médico Antonio Ramón Sánchez Méndez.
Detalló Walter Márquez que en este caso se cometieron graves irregularidades, “en primer lugar una dilación indebida ya que el proceso lleva más de 13 años y no se ha dictado sentencia, en segundo lugar la actuación de la juez Andrea Estefanía Bernal Colmenares el 19 de junio de 2020, que calificó como inexcusable, por cuanto anuló la medida de homicidio doloso que se había dictado contra el médico Antonio Ramón Sánchez Méndez con su respectiva limitación de salida del país”.
Debemos recordar –dijo Márquez- que el 19 de junio de 2020 la juez Andrea Bernal recibió el caso y ese mismo día decidió el expediente, anulando las decisiones del juez octavo de control de primera instancia en lo penal, hecho muy grave porque la juez no tenía facultad para revocar la decisión de un juez de la misma categoría y en segundo lugar porque los tribunales estaban paralizados por una resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por la pandemia del Covid-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estas graves irregularidades procesales cometidas por la juez Andrea Bernal, conllevaron a que la familia Romón Lozano hiciera la denuncia ante la Inspectoría de Tribunales del Táchira, la cual de manera diligente investigó el caso y le solicitó al Consejo de la judicatura la remoción de la juez, decisión que fue acordada el viernes pasado, agregó Márquez.
Instancias Internacionales
Además de la denuncia pública, la familia de José Gregorio Romon Lozano, víctima de mala praxis médica, anunció que en base al requerimiento de la fiscal del Ministerio Público, que apeló la decisión de la juez Bernal, solicitan que la Corte de apelaciones revoque esa decisión y se haga justicia en el caso, además están redactando una solicitud de investigación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) al tiempo que pedirán la intervención del gobierno español, en virtud de que los hermanos Romón Lozano poseen la doble nacionalidad ya que nacieron en Venezuela y son hijos de padres españoles, además el médico imputado se fugó a España pretendiendo que le otorguen refugio o asilo, lo cual es improcedente ante un hecho criminal cometido en Venezuela.
Por último Walter Márquez manifestó que el caso seguirá siendo planteado en instancias nacionales e internacionales hasta lograr una recta administración de justicia y la condena del principal responsable de homicidio doloso en contra de José Gregorio Romón Lozano, el médico Antonio Ramón Sánchez Méndez.
