El TPS es un estatus temporal otorgado por las autoridades estadounidenses a los ciudadanos de algunos países designados afectados por conflictos armados o desastres naturales, que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos. Es válido por un periodo de dieciocho meses y puede renovarse.
En este contexto, los obispos estadounidenses han acogido con satisfacción la reasignación de Haití para el Estatus de Protección Temporal: una decisión que fue anunciada el 22 de mayo por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
La decisión reconoce «los graves problemas» a los que se enfrenta Haití
En una declaración publicada el 24 de mayo, el obispo Mario E. Dorsonville, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB), y el obispo David J., presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la USCCB, han elogiado la decisión de la Administración Biden de incluir a los ciudadanos haitianos en la lista de personas con derecho a recibir el TPS, lo cual «reconoce los graves desafíos» a los que se enfrenta el país insular.
La violencia generalizada y los secuestros afectan también a la Iglesia haitiana
Desde hace más de un año, Haití, una de las naciones más pobres del mundo, se ve afectada por la violencia generalizada, los disturbios civiles y una ola de secuestros sin precedentes por parte de bandas armadas, en un contexto de inestabilidad política, una grave crisis económica y una inseguridad alimentaria agravada por la pandemia del COVID-19.
La declaración recuerda que la Iglesia de Haití también se ha visto directamente afectada por la violencia, con secuestros selectivos de clérigos, religiosos y laicos en los últimos meses, «lo que aumenta la necesidad de una respuesta urgente». En este sentido, los obispos estadounidenses se unen a los obispos haitianos en la condena de la anarquía y en su solidaridad con las víctimas.
Piden al presidente Moïse que actúe «en el mejor interés del pueblo haitiano»
También piden al presidente Jovenel Moïse que «actúe en el mejor interés del pueblo haitiano, respetando y defendiendo sus derechos y su dignidad».
Moïse, que gobierna por decreto desde que disolvió el Parlamento en enero de 2020, al expirar el mandato de los legisladores sin que se celebraran elecciones, y a quien se acusa de ser un autócrata corrupto que no ha hecho lo suficiente para frenar los secuestros, se ha negado a dejar el poder el 7 de febrero, argumentando que un gobierno interino ocupaba el primer año de su mandato de cinco años.
En este contexto político, el país se enfrenta a un empeoramiento de la situación económica que ha contribuido al aumento de la delincuencia y la inseguridad. Las altas tasas de inflación y el bajo rendimiento de las cosechas debido a las lluvias anormales y a las restricciones relacionadas con la pandemia del COVID-19 han reducido el poder adquisitivo de los hogares más pobres y su acceso a los alimentos. Según el Panorama de las Necesidades Humanitarias de Haití para 2021, 4,4 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria durante el año.
La necesidad de medidas diplomáticas y humanitarias
Ante esta situación, la declaración hace un llamamiento a la Administración Biden «para que aborde las condiciones desesperadas que asolan el país a través de medidas diplomáticas y humanitarias».
Llamamientos de los obispos haitianos frente a los disturbios políticos y la inseguridad
El 11 de abril, cinco sacerdotes, dos religiosas y tres laicos fueron secuestrados cuando se dirigían a una parroquia cercana a la capital, Puerto Príncipe, lo que provocó una fuerte protesta de la Conferencia Episcopal de Haití (CEH), que decidió cerrar las escuelas y universidades católicas durante tres días.
Las 10 personas fueron liberadas posteriormente. En los últimos meses, los obispos haitianos han hecho reiterados llamamientos al diálogo político para evitar que Haití «se hunda en el abismo», al tiempo que han instado a tomar medidas concretas contra la creciente inseguridad. (Vatican News)
