La gobernación del Táchira en defensa y protección de la vida y la salud de los habitantes de la entidad, formulará ante las instancias administrativas y judiciales nacionales e internacionales, incluida la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las denuncias y demandas correspondientes que permitan establecer responsabilidades en torno a la organización y realización de reuniones, eventos y concentraciones en el marco de las medidas de protección decretadas por la pandemia COVID-19.
Según el decreto 348 publicado en Gaceta Oficial del Estado Táchira número extraordinario 11.316, la Corporación de Salud Tachirense, (CORPOSALUD), y el Instituto Autónomo de Protección Civil del Estado Táchira (INAPROCET) deberán presentar un informe sobre la realización de reuniones sociales y concentraciones públicas en la entidad que hayan quebrantado las medidas de seguridad ordenadas por el ejecutivo nacional.
Asimismo se exhorta a la colectividad tachirense a tomar las medidas preventivas pertinentes para la protección de sus familias durante las festividades navideñas, evitando las aglomeraciones, reuniones y concentraciones que puedan poner en peligro su salud y por consiguiente su vida.
Por otra parte, el gobierno regional solicita a los organismos de seguridad ciudadana y defensa actuantes en el estado Táchira, velar por el fiel cumplimiento de las medidas preventivas y recomendaciones establecidas dentro de la orden de flexibilización de la cuarentena a nivel nacional.
“Por cuanto hasta la presente fecha la policía regional no ha sido devuelta a la gobernación del estado Táchira, luego de su prolongada intervención desde octubre de 2017, lo que hubiese permitido una actuación más eficaz y efectiva contra el relajamiento de las normas en la lucha por evitar la propagación del COVID-19”, señala el decreto 348.
El instrumento legal refiere, que en virtud de los principios constitucionales de corresponsabilidad y responsabilidad social, tanto las autoridades nacionales, estatales y municipales, como lo ciudadanos dentro del territorio del estado Táchira están en la obligación de contribuir a la prevención y erradicación del COVID-19, mediante la permanente colaboración y acatamiento a la decisiones del Poder Ejecutivo nacional y regional.