Venezuela lleva años en un proceso hiperinflacionario que parece no tener fin, agudizado por el bloqueo económico impuesto por EE.UU. y las sanciones de la Unión Europea (UE), en un contexto que pone al límite la calidad de vida de los ciudadanos, deteriora su poder adquisitivo y aumenta la desigualdad.
Sin embargo, los bruscos incrementos en la cotización que se registraban cada cierto tiempo en el mercado paralelo de divisas con respecto al bolívar (la moneda local) ya no son tan frecuentes.
Ante este comportamiento inusual, que también se observa en los informes que divulga el Banco Central de Venezuela (BCV), ha surgido la hipótesis de que el proceso hiperinflacionario ya habría pasado su peor momento y que podría llegar a su fin. ¿Esto es posible?
El economista Ingerzon Freites, miembro del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica dijo —consultado por RT— que aún no hay señales claras que indiquen el fin de la hiperinflación en el país suramericano. El último dato revelado por el BCV sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue el de mayo de 2021, y en este se reportó un incremento de 28,5 % con respecto al mes anterior, cuando se ubicó en 24,6 %. Mientras las cifras del primer trimestre del año fueron: enero 46,6 %; febrero 33,8 %; y marzo 16,1 %.
El experto considera que aunque se ha desacelerado la inflación, «aún no hay garantías que hagan pensar que haya llegado el fin de las fluctuaciones y los ciclos de inestabilidad de los precios». Además, aún falta que el país llegue al último trimestre del año, cuando el INPC se acelera.
Factores en contra
De momento, el Gobierno venezolano adelanta una serie de acciones aplicadas vía Ejecutivo y otras que son acompañadas por el parlamento con la promulgación de nuevas leyes, como la Ley Antibloqueo y la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales (aprobada en primera discusión). Sin embargo, Freites advierte que aún hay una serie de factores que influyen negativamente en la economía, y uno de los más decisivos es la poca producción nacional.
«A pesar que el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo por controlar la inyección de liquidez, hay factores que siguen influyendo, como la poca producción, y esto hace que cualquier aumento de la liquidez genere inflación». En cambio, explica, cuando hay producción y se genera un aumento de la masa monetaria —dinero en el mercado—, la primera absorbe la liquidez y no se disparan los precios.
Otro factor que afecta al país, dice, es la falta de un plan de ajuste macroeconómico que genere confianza en los inversionistas y permita la atracción de capitales.
Además, el especialista asegura que «la configuración política actual» —caracterizada por el cuestionamiento a la institucionalidad y las intentonas golpistas de la oposición— «influye muchísimo».
«Esto lo evalúan las grandes transnacionales, toman mucho en cuenta que exista institucionalidad. Además, también están las limitantes de las energías y los servicios como electricidad, gasolina, gas, agua, fundamentales para producir y aumentar la producción».
¿Qué se está haciendo?
Lo que sí está haciendo el Gobierno, indica Freites, es «una apertura del mercado que va muy marcada a favor del capital privado«, y que tiene diferencias sustanciales con el modelo de economía social que se impulsó a principios de los 2000.
«Evidentemente hay una apertura del modelo económico», indica Freites, que asegura que la asesoría de empresas chinas tiene que ver con ese cambio de perspectiva. El objetivo de este viraje apuntaría a restablecer la confianza en el aparato productivo para atraer a inversionistas, mediante «incentivos con bajas tasas impositivas, y flexibilización de las leyes laborales», asevera.
Por su parte, el Gobierno ha prometido recuperar el aparato productivo nacional, rescatar la productividad de la industria petrolera y los salarios de los trabajadores públicos, que actualmente reciben distintos tipos de bonificaciones monetarias para tratar de equilibrar sus sueldos.
¿Cómo generar condiciones sin afectar a los trabajadores?
La situación es bastante difícil para el gobierno, argumenta Freites, pues tiene que generar confianza para atraer capital sin vulnerar los derechos de los trabajadores. De hecho, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instó al parlamento a intensificar el debate interno sobre los puntos polémicos del proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales.
Sobre esto, Freites señala: «En las condiciones en que estamos, es muy difícil generar condiciones y ofrecerlas. En Venezuela se necesitan inversiones como sea. El gobierno tiene una papa caliente en las manos y no le permite fijar muchas exigencias».
Por eso, considera que la opción de Venezuela es pasar por un «periodo de ciertas condiciones de extremo capitalismo«, que le permitan «aceptar las inversiones como vengan y luego, poco a poco, ir adaptando en la medida que se genere producción, la recaudación impositiva y el aumento de las arcas del Estado».
Una vez llegado a ese punto, asegura Freites, «el Estado en pleno debería pensar en volver a configurar todo el tema de las condiciones laborales».
Por ejemplo, explica, es difícil imponer un salario mínimo de 300 dólares para que lo pague un inversionista que llega con el panorama de riesgo que hay en Venezuela. Justamente por eso, el Gobierno tiene el reto de «equilibrar las dos balanzas: la de los inversionistas y la de las contrataciones sociales».
Sin embargo, resalta, algunos empresarios de los sectores comercio y servicios han comenzado a generar cierto dinamismo en la economía, e «insípidamente» han creado «bonos en divisas que suelen compensar las faltas de condiciones sociales y laborales».
¿Cómo salir del atolladero?
Freites explica que hace tres años, en 2018, el Gobierno venezolano lanzó el «Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica«, un plan que —considera— «tenía premisas ligadas al tema económico que podían permitir cierta estabilización».
«¿Qué pasó en ese momento? No se aplicaron todas las premisas y las que sí, se hicieron a destiempo. Eso profundizó aún más el problema». Ahora, dice, se necesita un plan macroeconómico parecido que sea aplicado con rigurosidad.
Sin embargo, Freites estima que hay dos elementos que podrían ayudar a mejorar la situación económica: las elecciones y la posible flexibilización de las sanciones.
«Uno de los factores que deberían jugar a favor son las elecciones, es una verdadera oportunidad para que los agentes económicos comiencen a tener confianza en la economía venezolana».
Sobre la posible flexibilización de las sanciones, dice que sería favorable «porque los inversionistas internacionales tendrían más seguridad a la hora de disponer de capital para Venezuela».
Freites resalta que las sanciones han ahuyentado a una gran cantidad deinversionistas extranjeros, que han preferido alejarse para no correr el riesgo de ser castigados.
«Hay un sobrecumplimiento de las sanciones. Muchos inversionistas, a pesar de no estar en el marco de los sectores sancionados, no invierten en Venezuela por temor al gobierno de los EE.UU.», detalla.
En ese contexto, el incipiente diálogo entre el Gobierno y la oposición, y la reciente renovación de los Poderes Públicos son pasos que —de tener éxito— podrían reconfigurar el panorama económico del país en los próximos meses. No obstante, el recrudecimiento de las fricciones entre el Ejecutivo y el ala radical antichavista, en medio de acusaciones de conspiración y golpes de Estado, ponen en riesgo la ansiada estabilización a corto plazo.
