La fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, dijo este viernes que su oficina ha hecho «avances significativos» en el examen preliminar abierto a Venezuela en febrero de 2018 y explicó que espera tomar nuevas decisiones en los próximos meses.
«Desde la apertura del examen preliminar, hemos revisado en profundidad una gran cantidad de información documentando los supuestos crímenes», comentó Bensouda durante un encuentro telemático con diputados del Parlamento europeo.
«Espero resolver la evaluación sobre la jurisdicción de la materia en el curso de este año», aseguró. En caso de que concluya que la CPI tiene jurisdicción, su oficina hará «una evaluación de admisibilidad, lo que incluye analizar los posibles procedimientos relevantes», añadió.
También reconoció «la frustración que han sido expresadas sobre que la Fiscalía ha ido a un ritmo lento» en el tema venezolano.
Bensouda recordó que ha recibido dos remisiones para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Una por parte de seis países -Canadá, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Paraguay- por los supuestos abusos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes opositores y otra del propio Ejecutivo de Maduro debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
«Tenemos que analizar toda la información que hemos recibido», advirtió la fiscal gambiana, quien explicó que ambas remisiones se están analizando por separado.
«Esto podría cambiar más tarde si determinamos que el alcance de ambas situaciones está suficientemente vinculado», añadió.
Recordó que las remisiones entregadas por los países «no llevan automáticamente a la apertura de una investigación», pero si su oficina concluyese que se cumplen los criterios para llevarla adelante, no tendría que requerir una autorización a una sala de cuestiones preliminares, tal y como ocurre en los casos en los que no existe la remisión de un Estado parte.
Por otro lado, si la Fiscalía decidiera no seguir adelante con la investigación, los países que han presentado las remisiones «pueden pedir una revisión judicial a una sala de cuestiones preliminares de la CPI», indicó Bensouda.
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