Son 250 jubilados del estado Táchira que esperan desde el mes de septiembre de 2022 la cancelación de sus prestaciones sociales, ocho de estas personas se encuentran en estado crítico de salud, destacándose entre ellos una educadora que espera dicha cancelación recluida en el Hospital Central de San Cristóbal y otra amerita una intervención quirúrgica de emergencia, al mismo tiempo que catalogan esta situación como “irrespetuosa” por parte del Estado.
“Hay casos que llaman la atención y son de relevancia, como el caso de una docente que están dializando en el Hospital Central de San Cristóbal, y otra docente que requiere una cirugía de emergencia en su ojo derecho, quienes al día de hoy no cuentan con recursos económicos, sumado a la falta de políticas en atención a la salud para quienes ejercen hoy la docencia en el territorio venezolano”, detalló Mackler García coordinador del Observatorio de Educación de FundaRedes.
Docentes jubilados temen por su vida
Eva Katherine Morales hija de la profesora Omaira Huiza García, licenciada en educación, especialista en planificación, quien trabajó por más de 20 años al NER 03, y aproximadamente 12 años dentro el municipio San Cristóbal, afirmó que “mi mamá actualmente se encuentra recluida en el Hospital Central de San Cristóbal con una infección en el corazón en la punta del catéter, luego de haber ingresado a diálisis hace 7 meses”.
Dijo además que ellas no cuentan con los recursos necesarios para atender toda esta emergencia, pero sin embargo, se han ayudado con otros docentes, “quienes con su colaboración nos han apoyado con bingos, recolectas, radio maratones, para poder medio solventar los gastos diarios en el Hospital Central del Táchira”.
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“Exigimos la cancelación de lo que se le debe a ella en su jubilación, porque ella fue jubilada en septiembre de 2022, esta es la fecha y no le han cancelado lo que se le debe, para eso ella trabajó tantos años de servicio, también se necesitan mejoras para el sistema de salud de los docentes, porque miren la situación como está, tantos años de servicio, y verlos ahora enfermos sin acceso a los medicamentos ni posibilidades para salir adelante con sus condiciones médicas” mencionó Morales.
Por lo que reclama al Estado la cancelación a esta docente jubilada de lo justo por tantos años de servicio, quien como muchos, son casos especiales que ameritan dinero a diario para poder sobrevivir en medio de la grave crisis que atraviesa el país, “solicitan desde gasas, jelcos, antibióticos y muchas veces no tenemos ni 30 bolívares para comprar una gasa, menos para mandar a hacer un examen”, finalizó la hija de Omaira Huiza García.
Por su parte, Gladys Marina Rincón docente jubilada, quien también espera sus prestaciones sociales, afirmó que necesita el dinero para hacerse una serie de exámenes médicos por presentar una tumoración en su frente, lo que le está afectando su ojo derecho, además que en el año 2012 fue paciente oncológico, lo que le llena de preocupación su situación.
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“En la consulta de neurocirugía en el Hospital Central me indicaron que posiblemente sea un tratamiento con radiaciones, están muy costosas y una intervención me cuesta como 5.500 dólares, y yo como docente jubilada con un sueldo de 420 bolívares, de donde se paga gastos de casa, teléfono, agua y alimentación, pues de verdad que para reunir esa cantidad de dinero es muy difícil en mi caso”.
Afirmó que de momento tiene que realizarse una resonancia magnética y en la parte más económica le cuesta 150 dólares, aunado al costo de las radiaciones, “las enfermedades no esperan, siguen avanzando, cada día todo es más costoso y los sueldos no aumentan, y uno ya como docente jubilado ha trabajado bastante, llevo esperando desde el 30 de septiembre de 2022 que me paguen mi prestación social, que cada vez se va devaluando, porque nos pagan en bolívares, a mí por el caso, me dijeron que me llamarían antes de los 45 días que tienen de plazo para pagar, pero aún no me han llamado”, finalizó Gladys Marina Rincón.
En un plazo de 45 días se comprometieron a cancelar las deudas
Mackler García detalló que, junto a la sociedad civil, se han sostenido reuniones con representantes de la Dirección de Educación Estadal, quienes solicitaron un lapso de 45 días hábiles para llevar a cabo el pago de las cancelaciones correspondientes y por ley, a cada uno de estos trabajadores de la educación del Táchira.
Asimismo, desde la organización defensora de derechos humanos, se hace el llamado a los organismos del Estado y funcionarios, quienes deben responder a todas estas problemáticas, se garanticen los derechos constitucionales, lo que está establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, y en las cláusulas 04 y 19 del contrato colectivo estadal, donde se indica que la no cancelación a tiempo de las prestaciones sociales, acarrea el pago obligatorio de intereses por mora.
(Prensa FundaRedes)
