En los centros educativos y comunidades rurales de los municipios fronterizos de los estado Táchira, Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas, la guerrilla, en particular el ELN, ha venido ganando espacio a través de la “Fundación Amigos de la Escuela”, en respuesta al abandono por parte del Estado venezolano de estas poblaciones en materia de infraestructura educativa, salud, alimentación, servicios públicos, entre otros aspectos sociales y económicos.
De acuerdo a lo expuesto en el boletín Nº 19 presentado recientemente por FundaRedes titulado: «Fundación de la guerrilla sustituye función del Estado venezolano en escuelas de la frontera con Colombia», los grupos irregulares han sustituido las responsabilidades del Estado en el cumplimiento de sus deberes, “situación especialmente agravada en las comunidades rurales de la frontera donde el Estado ha dejado de ser actor fundamental en la preservación del orden, el desarrollo de la infraestructura, la prestación de servicios públicos de calidad y la generación de oportunidades de desarrollo personal e institucional”.
El informe asegura que debido a la falta de interés y atención por parte de las autoridades gubernamentales, los grupos de la guerrilla colombiana han ideado mecanismos que le permitan acceder a los centros educativos y a las familias , ofreciendo ayuda y cubriendo algunas necesidades; asumiendo ellos las funciones que constitucional y legalmente le corresponden al Estado venezolano en lo que respecta a seguridad, aplicación de la ley, fortalecimiento de la infraestructura, dotación de servicios públicos y educación.
Argumenta que esa presencia paraestatal y el condicionamiento cultural que lleva implícito ha generado en los habitantes una adaptación progresiva a esa realidad, “es usual que familias que viven en medio de esa cultura opresiva y de imposición de un modelo de autoridad distinto al que la Constitución y las leyes definen, interpreten que la autoridad de la zona no son los representantes del Estado, parcial o totalmente ausentes, sino esos grupos armados irregulares”.
El estudio revela que el resultado de ese proceso de acercamiento a la población es la implantación de un nuevo orden social que se constituye en caldo de cultivo para el surgimiento de nuevos actores sociales, dejando de lado su condición de ciudadanos para convertirse en subordinados de estos grupos, copartícipes de sus propósitos, con las terribles consecuencias que esto conlleva.
La organización pro defensa de DDHH afirma que desde el año 2016 ha venido documentando la entrega de obsequios y materiales a alumnos, docentes y directivos por parte de la denominada Fundación Amigos de la Escuela, a través de la cual el Ejército de Liberación Nacional (ELN) actúa en los centros educativos venezolanos de la frontera, situación irregular que fue denunciada el pasado 27 de agosto de 2019 ante la Fiscalía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en la entidad tachirense, con el agravante de que estos regalos y aportes hechos a niños y adolescentes tienen como fin cautivarlos, e incluso reclutarlos.
El trabajo de documentación cita el testimonio de un dirigente social del municipio Junín, en el estado Táchira, quien confirmó a los activistas de FundaRedes que la “Fundación Amigos de la Escuela” es una institución armada conformada por perfiles del ELN, que opera en complicidad con los consejos comunales.
Otro hecho que demuestra la expansión de la actuación de este grupo guerrillero en Venezuela, – indica- es el censo que realizó en comunidades de los estados Bolívar, Apure, Zulia y Amazonas durante el receso escolar de 2019 para precisar el número de niños y niñas que asisten a la escuela, a fin de entregarles útiles escolares entres otras dádivas, “se estima que fueron registrados unos 20.000 niños aproximadamente”.
La ONG cuenta con evidencias y testimonios que ratifican que la Fundación Amigos de la Escuela, capta niños y jóvenes en las poblaciones rurales para incorporarlos a sus filas e involucrarlos en actividades ilícitas.
Por otra parte y según información recopilada por el equipo de activistas de FundaRedes, en el estado Bolívar los grupos guerrilleros también operan a través de una organización benéfica denominada Fundación 3RRR.
Todas estas situaciones –según la investigación- han sido evidenciadas en diversas instancias tanto regionales, nacionales e internacionales, entre las que figura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 14 de febrero de 2019, durante el 171° período de sesiones en Bolivia, donde se solicitaron medidas de protección para los niños y jóvenes venezolanos que asisten a las escuelas de los municipios fronterizos venezolanos, formalizándose dicha solicitud el 6 de marzo de ese mismo año.
Para FundaRedes la incursión de grupos armados irregulares en las escuelas venezolanas atenta contra lo establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. (Prensa FundaRedes)
