El Estado venezolano, al abandonar su responsabilidad de garantizar una educación de calidad y la seguridad y protección de la frontera dejó en manos de los grupos armados irregulares parte del proceso educativo, por ende permite la penetración ideológica, relación laboral y de dependencia en docentes, niños, niñas y adolescentes con agrupaciones guerrilleras.
Así lo señala el más reciente investigación de FundaRedes, titulado: «GRUPOS ARMADOS APROVECHAN AUSENCIA DEL ESTADO EN LAS ESCUELAS VENEZOLANAS DE LA FRONTERA», el cual reitera el uso de las instituciones escolares como espacios propicios para operaciones ilícitas, denunciado durante años por la organización.
El informe advierte que agrupaciones criminales tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Colectivo Fronterizo del Pueblo, ejercen el control ya que han asumido el papel del Estado ofreciendo “seguridad”, imponiendo normas, un sistema de justicia propio e incluso aportando insumos y mejoras al sector educativo.
El trabajo de documentación desarrollado por FundaRedes recopiló situaciones generadas en los estados Táchira, Falcón, Amazonas, Zulia, entre otros, donde la guerrilla ha permeado el sistema escolar, y cuenta testimonios que relatan cómo la precariedad de los planteles, la falta de recursos en las familias, son situaciones idóneas para que los irregulares ofrezcan insumos, ayudas, y otro tipo de beneficios que el Estado dejó de proveer.
Entre otras operaciones, la guerrilla comete hostigamiento, desaparición de jóvenes, reclutamiento, intimidación, resuelven problemas o hacen donativos a cambio de lealtad y sumisión, controlan territorios y adoctrinan para engrosar cada vez más sus filas.
“Más de 5 mil niños venezolanos dejaron sus aulas en las poblaciones fronterizas venezolanas, para ir a estudiar a Colombia, donde les ofrecen mejores condiciones, y buena parte de ellos deben cruzar a diario pasos ilegales exponiéndose a numerosos riesgos, entre ellos al reclutamiento o agresiones por parte de los grupos armados irregulares que manejan el territorio”, afirma el estudio.
Igualmente señala que existe una deserción escolar que supera el 20%, la cual se agravó con la pandemia por COVID-19 cuando muchos adolescentes tuvieron que dedicarse a actividades informales, para poder ayudar a sus familias a cubrir las necesidades básicas.
“En los municipios de frontera y otros hacia donde se ha extendido la acción de los grupos armados irregulares, la guerrilla del ELN sustituye la gestión oficial, entregando útiles escolares e implementos deportivos a alumnos e instituciones”.
Todo ello – asegura la ONG- es parte del plan de control de territorios y adoctrinamiento desplegado por estas organizaciones armadas para el reclutamiento de niños y jóvenes que posteriormente son incorporados a sus filas” destaca la investigación que además recuerda que la guerrilla tiene censada a la población que hace vida en las instituciones educativas de la frontera.
Según FundaRedes la inacción del Estado venezolano atenta contra lo establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales…”
Este tipo de situaciones también han sido documentadas por FundaRedes recientemente en su Consulta Educativa correspondiente al año 2021 y presentada ante las instituciones del Estado venezolano, como Defensoría del Pueblo, y otros organismos competentes, a fin de que actúen, investiguen y se frene la actuación de organizaciones criminales en torno al ambiente escolar y a las comunidades. (Prensa FundaRedes)
