Miles de venezolanos, especialmente habitantes de la frontera, se han visto en la necesidad de desplazarse hacia Colombia huyendo de la violencia de los grupos armados irregulares y de los propios funcionarios de organismos del Estado venezolano, que mantienen una pugnacidad y amedrentamiento de la población por el control del territorio y de las actividades ilegales.
Esta situación del desplazamiento de ciudadanos a causa de la violencia, es detallada en la investigación contenida en el Boletín número 33 de FundaRedes, titulado “Violencia de grupos armados en la frontera, obliga al desplazamiento de venezolanos hacia Colombia” el cual muestra numerosos testimonios y resultados de informes de organismos internacionales que reflejan cómo los habitantes de la frontera entre Colombia y Venezuela han sido sometidos en años recientes a condiciones de violencia e inseguridad que vulneran sus derechos fundamentales.
El informe narra una serie de hechos donde familias venezolanas han tenido que moverse hacia Colombia, en condiciones de riesgo, generalmente a través de pasos ilegales en busca de resguardo de su vida e integridad, casos que han sido denunciados ante instancias nacionales e internacionales.
Dentro de los hechos presentados se encuentra que el 22 de junio de 2019 miles de venezolanos residentes del municipio García de Hevia, del estado Táchira, se desplazaron hasta Puerto Santander (Colombia) debido a los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el grupo paramilitar Los Rastrojos.
Así mismo menciona otra situación similar que se registró el 15 de febrero de 2020 cuando decenas de familias venezolanas buscaron refugio en el vecino país, también huyendo de combates en la zona.
Otra situación grave es la que se generó a partir de los enfrentamientos armados en el estado Apure, entre la Fuerza Armada Nacional y el Frente Décimo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desde el 21 de marzo de 2021, donde también participaron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) generando temor en la población, a partir de las múltiples vulneraciones cometidas, entre las cuales se cuentan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y destrucción de la propiedad privada.
Activistas de FundaRedes estuvieron en la población de Arauquita, en Colombia, donde se encontraban más de mil venezolanos desplazados por la violencia en Apure, y pudieron recabar numerosos testimonios de las graves afectaciones que sufrieron estas personas, quienes relataron que hubo bombardeos, detenciones, persecuciones, reclutamiento, incluso con ataques contra mujeres y niños.
Otro caso fue denunciado el 28 de agosto de 2020, cuando FundaRedes acudió a la Defensoría del Pueblo para solicitarle al defensor nacional atención inmediata para las comunidades indígenas vulneradas por la actuación indiscriminada del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), células de Hezboláh y las organizaciones criminales denominadas “sindicatos” que arremeten contra los indígenas en el estado Bolívar.
La denuncia también fue presentada en el ámbito internacional ante la Relatoría de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas donde se consignaron los elementos probatorios documentados de los casos.
Igualmente FundaRedes acudió el 11 de mayo de 2021 ante la Fiscalía Superior del estado Apure y el 18 de mayo del mismo año ante la Fiscalía Superior del estado Táchira, con remisión a la Fiscalía nacional, a fin de solicitar una investigación de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el enfrentamientos de carácter bélico entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un sector disidente de la FARC en Apure, además de exigir que se llame a los cuerpos de seguridad a respetar la Constitución y las leyes. (Prensa FundaRedes)
