Los maestros en Venezuela se encuentran en total vulnerabilidad frente a la pandemia por COVID-19 y ante cualquier otro padecimiento de salud, debido a que no cuentan con la protección que el Estado debería brindarles.
Miembros del Observatorio de Educación de FundaRedes denunciaron la precariedad del servicio de salud y la ausencia total de seguridad social integral, así como la destrucción del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPASME) en medio de la emergencia humanitaria compleja que tiene a los trabajadores con salarios de menos de 4 dólares mensuales.
Ante las instalaciones del IPAS ME, la coordinadora del Observatorio y presidenta del Colegio de Licenciados en el Táchira, Gladys Chacón, junto a otros docentes, alertó sobre las deficiencias en la prestación de este instituto, el cual fue creado con el fin de lograr un sistema de atención médica primaria al personal del sector educativo, que en estos momentos no cumple con las funciones para las cuales fue creado.
Chacón recordó que: “a los educadores nos descuentan el 4% del salario de acuerdo a la categoría de cada uno como aporte al IPAS ME para su funcionamiento, sin embargo, se refleja que nuestro derecho a la salud y la seguridad social ha sido vulnerado, aunque es poco, hoy no sabemos a dónde va ese dinero”.
Detalló la docente que debido a la decadencia del servicio de salud la institución dejó de prestar asistencia médica con todas sus especialidades, además dejó de otorgar créditos hipotecarios o personales, ayudas socioeconómicas, es decir, se perdió la capacidad de respuesta y atención a sus afiliados.
Del mismo modo, Chacón recordó que todo el personal de la salud, al igual que los docentes, se encuentra desprotegidos ante los bajos sueldos que devengan. “Hoy tenemos salarios de miseria y de hambre que llenan a punta de bonos que tampoco son suficientes para cubrir nuestras necesidades”.
Los afectados aseguraron que es evidente la destrucción y deterioro en la calidad de vida de los docentes venezolanos, pero además apuntaron que desde hace años la condición de infraestructura de cada una de las sedes hospitalarias se ve marcada por las pésimas condiciones de los espacios físicos.
Esta denuncia hecha por los docentes fue presentada de manera formal ante la Defensoría del Pueblo en San Cristóbal, con asesoría jurídica de FundaRedes. (Prensa FundaRedes)
