El activista de FundaRedes Darío Graffe denunció la grave crisis en los servicios públicos que deviene en la vulneración masiva de derechos fundamentales a los habitantes de Guasipati en el estado Bolívar, quienes están sometidos a vivir sin suministro de agua potable y con permanentes interrupciones de energía eléctrica, entre otras situaciones.
Aseguró que gran parte de Guasipati y los pueblos del Sur en el estado Bolívar, suman más de 10 años sin recibir agua potable de forma directa por las tuberías, lo cual ha empeorado la forma como las personas hacen frente a la pandemia por Covid-19 y la problemática sanitaria de la región.
Graffe afirmó que más de 60 sectores que conforman a la población se mantienen en total sequía, y esto es grave ya que ante la falta de agua se generan focos de enfermedades que además no pueden ser tratadas de forma adecuada por la ausencia de recintos hospitalarios adecuados y dotados.
Aprovechó para mencionar el caso de la joven Jessica Moreno, habitante y dirigente del sector 1 de mayo de la población de Roscio, quien por ingerir agua no apta para el consumo humano enfrentó una terrible enfermedad gastrointestinal.
Destacó el activista que la corrupción y el mal manejo acabó con la planta potabilizadora de Puente Blanco, que surtía de agua a las poblaciones de Guasipati y El Callao, entre otras irregularidades cometidas en la administración de los recursos que impiden que hoy las familias tengan acceso a servicio de agua de calidad.
También los recurrentes apagones y la falta de combustible mantienen en constante zozobra a comerciantes, ganaderos, productores y población en general, quienes no saben a qué organismo recurrir para que la situación sea atendida y solventada.
“Los constantes apagones que se prolongan durante varios días, hacen que se descompongan los alimentos como leche, queso y carnes. Las plantas eléctricas tampoco son una opción, pues ahora no hay gasoil ni gasolina para estos equipos. El combustible desapareció en su totalidad” advirtió Graffe.
Reiteró el llamado al Estado venezolano a fin de que cumpla con su deber establecido en la Constitución nacional, de garantizarle a todos los ciudadanos el acceso a los servicios públicos, y garantizar calidad de vida, condiciones de salubridad e higiene, así como el correcto funcionamiento del suministro de combustible y del fluido eléctrico. (Prensa FundaRedes)
