El comunicado, firmado por representantes de pueblos indígenas de Venezuela, que habitan en 8 estados, así como organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia Católica, constata la difícil realidad en que viven las comunidades indígenas y las considera las más vulnerables y amenazadas por la pandemia.
Derechos e identidad reconocidos legalmente por el Estado
El punto de partida del mensaje es el ordenamiento jurídico del Estado venezolano que declara en los artículos 119, 121 y 123 de la CRBV, que “El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida… Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto…Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades…”
Situación intolerable
El documento pone en evidencia los padecimientos que sufren estos pueblos y que con la pandemia se han vuelto intolerables: “A la falta de servicios básicos, electricidad, agua potable, alimentos, insumos médicos, combustible, transporte fluvial, aéreo y terrestre, se añade “la cuarentena decretada por el gobierno” y que está facilitando aún más la “entrada de muchos foráneos en busca de la riqueza de sus tierras y sus minerales”.
La declaración subraya que no existe la infraestructura y la capacidad necesaria para la prevención y la atención de contagios del Covid-19. Además, se constata una absoluta carencia de insumos médicos y personal, no existen ambulancias fluviales ni terrestres para la movilización de indígenas enfermos; y todo ello en medio de una población ya golpeada por la malaria, el Sida, la tuberculosis y otras enfermedades.
Paralelamente, la nota revela que la actual política educativa no se adapta adecuadamente a sus culturas y realidades. “Nuestros niños – se lee en la nota – no cuentan con internet, cobertura y televisión, además no se valora suficientemente nuestras costumbres ni prácticas tradicionales y tampoco se respeta plenamente las cosmovisiones de nuestros pueblos”. En este contexto, reclaman a las autoridades educativas que no se ha cumplido con el anunció, según el cual, las escuelas habrían permanecido abiertas y con servicio de alimentación para los niños – “No se ha cumplido, no llegan los alimentos a nuestras escuelas, ni mucho menos los servicios básicos necesarios”, subraya.
Con respecto a las disposiciones anti Covid-19 advierten sobre las dificultades para la movilidad impuestas por los militares dentro de sus territorios que no les permite controlar sus tierras, recoger las cosechas y llevar alimentos a sus hogares. La degradación ambiental por las políticas extractivistas y la minería en sus tierras, la falta de energía eléctrica y de redes de comunicación se une a la actual escasez aguda de combustible, que solo se destina a personal militar y a la venta ilegal especulativa a precios que pueden superar – paradójicamente en un país petrolero, los 3 dólares por litro.
“Basta de las violaciones a los Derechos Humanos y al maltrato por parte de los entes militares u otros ciudadanos” clama la declaración que pide al gobierno que se cumplan las leyes nacionales e internacionales que garantizan la supervivencia de los pueblos Indígenas, que se respeten sus creencias y costumbres, su organización y estilo de vida.
