El director de la ONG venezolana Fundaredes, Javier Tarazona, principal voz de denuncia del conflicto entre las Fuerzas Armadas y disidencias de las FARC en una zona fronteriza, y sus dos compañeros Rafael Tarazona y Omar García, fueron imputados este sábado por «incitación al odio» y otros delitos.
«Javier Tarazona, defensores de DDHH de Fundaredes, quedan privados de la libertad. Les imputan supuesta traición a la patria, terrorismo e incitación al odio», indicó el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, en Twitter tras informar que la audiencia de presentación ante tribunales se celebró durante la tarde de este sábado.
Himiob denunció además que a los activistas se les impidió ser «asistidos por sus abogados de confianza».
Según indicó la abogada Stefanía Migliorini, también miembro del Foro Penal, a Tarazona y sus compañeros se les impuso «defensa pública».
Pero a pesar de ello el equipo del Foro Penal pudo conversar con los detenidos, señaló Migliorini en un vídeo difundido en redes sociales.
«Tuve la oportunidad de conversar con ellos, los pude ver. De verdad que están bastante deprimidos, están bastante mal. Sin embargo, con mucha fortaleza de que pronto van a salir de esto», dijo Migliorini.
Tarazona y sus dos compañeros fueron detenidos el viernes cuando acudieron a la sede del Ministerio Público en el estado noroccidental de Falcón para denunciar que el líder de la ONG estaba siendo «víctima de acoso y persecución por funcionarios» de la Policía de esta entidad, el Servicio de Inteligencia y «funcionarios sin identificar».
Junto a ellos también se encontraba el director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, Jhonny Romero, quien fue puesto en libertad el mismo viernes.
Los tres activistas, sin embargo, fueron trasladados hasta Caracas y permanecerán recluidos en la sede del Servicio de Inteligencia en Caracas conocida como «El Helicoide».
La detención de los tres activistas ha sido condenada por decenas de ONG y la oposición venezolana, que también exigen su liberación al alegar que defender derechos humanos «no es un delito».
Tarazona fue una de las voces fundamentales para informar acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldó indeterminado de fallecidos.
Al frente de Fundaredes, se convirtió en una fuente clave para conocer lo que sucedía en la zona ante la falta de datos oficiales.
