La Unión Europea se ha posicionado a favor del derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos de acuerdo “a sus convicciones religiosas, filosóficas y educativas”.
Así lo afirmó la portavoz de Educación de la Comisión Europea, Sonya Gospodinova este viernes 5 de febrero ante una pregunta sobre la nueva ley educativa en España, conocida como Ley Celaá por la ministra española de Educación, Isabel Celaá.
En su intervención ante los medios de comunicación, según informó el diario ABC, Gospodinova recordó que “la educación es una competencia nacional. Por tanto, es potestad exclusiva de los gobiernos decidir cómo se organiza la enseñanza, y la Comisión no tiene ninguna posibilidad legal de definirlo”.
Ahora bien, “dicho esto, seguimos de cerca la situación en Espala, también el desarrollo de la nueva ley de educación, y las intenciones del gobierno español de reemplazar los sistemas que había por otros sistemas públicos”, en referencia al ataque a la escuela concertada (escuelas privadas que reciben una subvención pública para que sean más económicas, o incluso gratuitas), para priorizar las escuelas públicas controladas por los gobiernos regionales.
“Quiero destacar”, continuó Gospodinova, “que la Comisión sostiene que los padres tienen el derecho de asegurarse de que la educación que se les da a los niños corresponde a sus convicciones religiosas y a sus visiones filosóficas y educativas”. Recordó que ese derecho “está recogido en el artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales”.
Sin embargo, insistió en que la educación es una competencia de los Estados europeos, y, por lo tanto, la Comisión Europea poco tiene que decir frente a las regulaciones nacionales educativas.
Gospodinova explicó que la Carta Europea de Derechos Fundamentales “impone obligaciones a los Estados miembro solo en los asuntos donde las instituciones europeas son competentes. Como ya he dicho, la educación es competencia nacional exclusiva, lo que no permite ninguna base a la Comisión para opinar sobre los nuevos avances legislativos del Gobierno español”.
Una ley que ataca la libertad de los padres
La nueva ley educativa, oficialmente Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), entró en vigor el pasado 19 de enero en medio de una fuerte polémica por su falta de consenso con las familias y la comunidad educativa.
Según explicó a ACI Prensa, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, la Ley Celaá ataca y perjudica a las escuelas concertadas, un modelo de escuela que “permite que la oferta de educación sea mucho más plural, porque cualquier familia tiene acceso gratuito tanto a la enseñanza pública como a una pluralidad muy grande de escuelas que son privadas, pero que reciben esta ayuda y gracias a eso son gratuitas”.
Según Aguiló, el Gobierno quiere perjudicar a la escuela concertada “en buena parte porque esa escuela es católica”. De hecho, aproximadamente dos tercios de estas escuelas, “que son más o menos el 25% de todas las escuelas del país, son católicas”.
Además, la Ley Celaá también margina también la enseñanza de Religión en la escuela, garantizada por los acuerdos entre España y la Santa Sede.
Alfonso Aguiló recordó que “la asignatura de Religión, según los acuerdos con la Santa Sede, tiene que ser una asignatura como otra cualquiera del mismo nivel y tiene una asignatura optativa para los que no quieren religión”.
Asimismo, la Ley Celaá introduce con fuerza la ideología de género en todos los niveles educativos al establecer, de forma específica en la ley, que “se introducirá la perspectiva de género”, como se puede leer en su artículo 22, por poner sólo un ejemplo.
