Después de que el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, se pronunciara sobre el caso de la niña Michell Pernía, quien falleció el pasado miércoles 30 de noviembre en Puente Unión, entre Boca de Grita y Puerto Santander, porque no le permitieron el paso hacia Colombia en la ambulancia que la trasladaba con oxígeno, manifestando que, si le hubieran pedido permiso, él lo hubiera autorizado; el diputado jubilado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, indicó que el mandatario regional está aceptando que la frontera sigue cerrada y que depende de una orden jerárquica, de la cadena de mando la solución de una emergencia humanitaria.
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“El Gobernador está aceptando que a pesar de los anuncios oficiales la frontera está cerrada y que depende de una orden jerárquica, de una cadena de mando, en la que está el General Rosales y el propio Gobernador. Una situación humanitaria no puede depender en ningún momento de que a las 4 de la mañana un funcionario llame al General Rosales y este al Gobernador, que el Gobernador afirma que ellos hubieran autorizado”.
Destacó Márquez que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresamente señala en el artículo 50 el derecho al libre tránsito, la libertad de entrar y salir del país, y acotó que cuando hay Estados de Excepción, que no es el caso, tampoco se puede vulnerar el derecho a la vida.
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“Con las declaraciones del Gobernador él confirma que hay una cadena de mando, y esa cadena de mando de acuerdo al artículo 25 constitucional tiene responsabilidad por acción y por omisión en la muerte de la niña Michell Pernía, cuya vida se podía haber preservado si se hubiera autorizado el paso por parte del funcionario de turno que obedece a órdenes presidenciales de Nicolás Maduro, y a una serie de limitaciones de rango constitucional de facto, porque la frontera está cerrada por el uso de la fuerza, por abuso de poder, a pesar del anuncio de la reapertura realizado por Gustavo Petro y Nicolás Maduro”, dijo.
Walter Márquez indicó que al conversar con los padres de la menor, Jonathan Pernía y Milagros Sánchez, pudo conocer que las autoridades policiales colombianas autorizaron el paso de la niña, pero se negó en Venezuela la Guardia Nacional.
Hizo un llamado al gobernador Freddy Bernal para que a partir de este caso que cobró la vida de una niña, autorice la apertura total de la frontera, porque no hay argumentos de carácter constitucional, diplomático, político y jurídico para que sigan ocurriendo en la frontera estos hechos que están tipificados como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma.
