El Ministerio Público venezolano encumbre la grave violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Alto Apure, dentro del marco de la confrontación bélica entre la Fuerza Armada Nacional de Venezuela (FAN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), además de obstaculizar las investigaciones correspondientes, según lo denunció Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo, director del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN)y defensor de los derechos humanos.
Explicó el también diputado nacional jubilado que el Ministerio Público no ha comisionado a los fiscales de Guasdualito o de San Fernando de Apure, a los que por jurisdicción territorial le corresponde averiguar esos hechos, sino que la investigación se está adelantando con la Fiscalía 62 de Caracas, “lo cual contraviene las garantías del debido proceso y la celeridad procesal establecidas en la Constitución de la República en concordancia con las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Orgánico Procesal Penal, además de la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2005 con respecto al derecho de las víctimas a una investigación rápida y eficaz”.
Recordó Márquez que dentro de la confrontación armada en el Alto Apure han ocurrido una serie de sucesos de grave violación de derechos humanos: allanamientos, tratos inhumanos y degradantes, desplazamientos forzosos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad como el pillaje y saqueo, incluyendo la masacre de cuatro prisioneros miembros de la familia Ramírez Remolina, agricultores, y Julio César Jiménez Millán, un panadero de la zona, quienes fueron detenidos en la población de La Victoria y luego ajusticiados en El Ripial, simulando un enfrentamiento que nunca existió. “A pesar de la gravedad de lo ocurrido el Ministerio Público está investigando a control remoto desde Caracas”, destacó.
Detalló el parlamentario venezolano que “cuando solicitamos información en la Fiscalía de Guadualito nos dijeron que ellos no poseían datos y que nos dirigiéramos a San Fernando. Cuando enviamos un escrito a San Fernando nos señalaron que tenía que ser en forma original y con un poder para poder consignar la solicitud, obviando la ley de firmas y datos digitales que establece el derecho digital moderno, además que por la época de pandemia se ha simplificado toda la actividad procesal en la Fiscalía, y cuando nos comunicamos con la Fiscalía 62 en Caracas nos señalaron que debíamos dirigirnos a San Fernando de Apure”.
Negligencia grave del Ministerio Publico
Walter Márquez informó que al indagar sobre el hecho descubrió que no hay una sola actuación de fiscales del Ministerio Público en Guasdualito o en La Victoria. “Si citamos a Edmond Locard: “el tiempo que pasa es la verdad que huye”, estamos en presencia de un caso de negligencia grave por parte de esta institución que debe garantizar justicia en el país, por lo que ante esta impunidad, hemos constituido un equipo de abogados conformado por José Raúl Ortega y Dídimo Sogamoso en Guasdualito (Apure), Jesús Alberto Berro en San Cristóbal (Táchira) y Ubaldo Miguel García en Caracas, que colaboran con la Fundación El Amparo, y conjuntamente con Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, asuman la defensa de las víctimas y exijan que se delegue esa investigación en Guasdualito, jurisdicción territorial correspondiente al lugar de los hechos, porque hacerlo desde Caracas, a más de 12 horas de camino, más de mil kilómetros de distancia, con las limitaciones de transporte aéreo y falta de combustible para el transporte terrestre, constituye en la práctica denegación de justicia y un obstáculo por parte del Ministerio Público, quien debe ser el garante del debido proceso y el derecho a las víctimas a una justicia rápida y expedita”.
Simulaciones y expedientes fabricados
Respecto a los 34 civiles detenidos por órdenes del Tribunal Militar 14º de control en Guasdualito, Márquez comentó que la mayoría de ellos está a la espera de que el juez de la causa acuerde la audiencia preliminar. “Solamente han liberado a tres detenidos, a los demás los imputaron por traición a la patria, rebelión militar, ataque al centinela y por sustracción de objetos militares, pero de acuerdo a las investigaciones que hemos adelantado en la Fundación El Amparo, estamos en presencia de una simulación de hecho punible y expedientes fabricados”.
En este caso manifestó que “existe un estado de indefensión muy grande porque el tribunal de control está en Guasdualito, si alguno de los imputados no está de acuerdo con la decisión tiene que recurrir ante la Corte de apelaciones en Fuerte Tiuna en Caracas, los que pasan a juicio, el Tribunal de Juicio está en San Cristóbal y quienes sean condenados el tribunal de ejecución es en San Juan de Los Morros, estado Guárico, lo que afecta de manera grave la defensa tanto para los detenidos como para las acciones y diligencias que deban realizar sus familiares y abogados defensores.
Niegan Acta de Defunción de Masacrado
Con relación a Julio César Jiménez Millán, el panadero masacrado en El Ripial, a su progenitora le han negado el acta de defunción que incluso la necesita para registrar un hijo del occiso de pocos meses de nacido.
“Poseemos información que indica que el cadáver de Julio César fue enterrado en una fosa común en Guasdualito, donde existen 7 cadáveres, la mayoría de ellos sin identificar, por lo que exigimos públicamente que se respete el derecho a las víctimas y la madre, Livia Coromoto Millán, pueda darle una cristiana sepultura, que sea identificado plenamente y que se le expida su acta de defunción. de allí que exigimos al fiscal General de la República, Tarek William Saab, la designación inmediata de fiscales del Ministerio Público en Guasdualito para que adelanten la investigación, pues hasta la fecha está totalmente paralizada y desde Caracas, a control remoto, jamás se garantizará el debido proceso y la celeridad que se requiere en esta investigación”, insistió Walter Márquez.
