Siguen sin aclararse las causas de la masacre de detenidos que tuvo lugar en Venezuela el pasado 1 de mayo, en la prisión «Cepello» (Centro penitenciario de Los Llanos Occidentales) en Guanare y que ha dejado un total de 51 víctimas mortales y 75 heridos.
La motivación para la intervención de las fuerzas de seguridad parece haber sido un intento de escape masivo por parte de los prisioneros, pero las autoridades locales aún están investigando. Según la ONG «Una ventana a la libertad», que supervisa las condiciones de las cárceles venezolanas, la desnutrición y el hambre que sufren los presos pueden haber sido el origen de los enfrentamientos, agravados por la prohibición de recibir comidas de sus familiares y la masiva aglomeración que se vive en las cárceles venezolanas.
Por su parte, la Iglesia católica venezolana no ha dejado de pronunciarse ante este trágico evento, que lo han definido como «un nuevo ejemplo de falta de respeto por el vida humana»: «Alzamos nuestras voces para proteger los derechos humanos – escribe el arzobispo Roberto Lückert León, presidente del cuerpo episcopal – los detenidos son uno de los grupos más vulnerables del país: no tienen acceso a una atención médica adecuada, viven en estructuras superpobladas, sufren los retrasos procesales, están solos, hambrientos, enfermos y son víctimas de la perpetuación de la pobreza y la miseria». Por lo tanto, destaca el llamamiento de los obispos para «una investigación independiente e imparcial con el objetivo de establecer la verdad y la responsabilidad de lo sucedido».
«Lamentamos y condenamos enérgicamente estos eventos – continúan los obispos – pero también condenamos el hecho de que las autoridades encargadas de supervisar la situación de las personas privadas de libertad no han hecho nada para impedirselo». Recordando, de hecho, que durante muchos años los diversos organismos internacionales para la protección de los derechos humanos han abordado este problema, Justicia y Paz insta a implementar sus «recomendaciones» ya emitidas desde hace tiempo. Invocando, entonces, una investigación adecuada sobre el incidente, la Comisión subraya que «las familias de las víctimas tienen derecho a solicitarlo, y el incumplimiento de este derecho constituye una violación de los derechos humanos». Finalmente, Justicia y la Paz insta a los ciudadanos a no permanecer «indiferentes al dolor de sus hermanos y hermanas privados de libertad» e invita a todos los católicos venezolanos «a rezar por los muertos, los heridos y sus familias».
Cabe señalar que la estructura «Cepello» actualmente cuenta con 1.500 personas, pero su aforo está limitado para acoger a 750 prisioneros que viven en condiciones extremadamente difíciles en las que, además de alimentos, las medidas básicas de higiene y asistencia médica son escasas. En la actualidad, no hay casos de Covid-19, pero el riesgo de infección sigue siendo alto.
