Tarek William Saab anunció este lunes 18 de enero que fue emitida una orden de aprehensión contra dos ciudadanos venezolanos designados ilegalmente como directivos de Citgo por presunta conspiración y legitimación de capitales.
Saab indicó que fueron solicitadas las medidas contra, Andrés Felipe Yrigoyen Luna, designado ilegalmente como nuevo presidente de la Junta Directiva de Citgo, y Ramón Pocaterra Esparza como miembro de la Junta Directiva de Citgo Petroleum Corporation.
Asimismo, la orden del Ministerio Público implica el allanamiento y la incautación de bienes muebles e inmuebles el bloqueo e inmovilización de cuentas en contra de estos sujetos. «A ambos se les imputa por los delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, legitimación de capitales, asociación y obstrucción de la justicia», puntualizó Saab.
Recordó que Juan Guaidó se autoproclamó como presidente encargado y designó una junta ilegal que impide a la nación ejercer la defensa contra la demanda de la empresa Crystallex en un tribunal federal de Estados Unidos.
«Los auténticos representantes del Estado venezolano fueron impedidos de actuar y se entregó la defensa de Venezuela al falso procurador, nombrado por Guaidó, José Ignacio Hernández, prófugo de la justicia venezolana».
Ante lo expuesto, Tarek Saab resaltó que Hernández fue asesor de la propia Crystallex y fue quien le dio los argumentos a esta empresa para exigir que se vendieran las acciones de Citgo y se les pagara una indemnización que obtuvieron a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Saab enfatizó que Hernández fue el mismo abogado que dio los argumentos a los demandantes contra Venezuela, y que este abogado cobró una gran suma de dinero; fue designado para defender los intereses de los demandados por esa empresa, acción que da el ejemplo de corrupción más vil que se conoce en la historia del país.
«Compartimos la tesis de que la autoproclamación de Guaidó y su apropiación con apoyo del gobierno de los Estados Unidos de los bienes de la República en el exterior», recalcó el fiscal general.
Además, subrayó que este caso es una gigantesca trama de corrupción y saqueo a la República, al servicio de los intereses privados.
«Venezuela necesita ese dinero para comprar medicinas y alimentos, no para favorecer a cuatro o cinco familias que viven como jeques en el exterior», manifestó.
