El nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim A. Khan electo por la Asamblea de los Estados Parte este pasado 12 de febrero, tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de las víctimas, enjuiciar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y prevenir nuevos crímenes atroces, indicó el parlamentario venezolano jubilado y defensor de los derechos humanos Walter Márquez.
Considera Márquez que es importante ese cambio de rumbo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque con el nombramiento del nuevo funcionario de la CPI se debe cerrar un ciclo de negligencia, impunidad y corrupción por parte de los anteriores fiscales Luis Moreno Ocampo, quien fue postulado en 2003 por el presidente de Argentina Nestor Kirchner, quien como fiscal cerró todas las denuncias de crímenes de lesa humanidad contra Hugo Chávez Frías y su sucesora a partir de 2012, la gambiana Fatou Bensouda, quien fue funcionaria del dictador Yahya Jammeh y tiene paralizadas las investigaciones contra Nicolás Maduro.
Recordó el también presidente de la Fundación El Amparo y Director General del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN) que el nuevo fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, cuenta con una gran fuerza moral, además de asesor del secretario general de la ONU en misiones especiales en Irak y también miembro del consejo de la Reina de Inglaterra Isabel II.
“Este fiscal de origen británico tiene el deber de revisar el caso de Venezuela y especialmente la responsabilidad penal individual de Nicolás Maduro, por cuanto existen abundantes pruebas que así lo determinan pues de los 11 delitos internacionales que tipifica el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad, todos han sido cometidos por Nicolás Maduro y por funcionarios de su alto gobierno”, por lo que tenemos la convicción de que no va a ser permeabilizada la independencia e imparcialidad del nuevo fiscal de la CPI por la mafia criminal que gobierna a Venezuela la cual ha utilizado recursos petroleros, la corrupción y el narcotráfico para garantizar su impunidad a través de Haifa El Aissami, embajadora de Venezuela en La Haya, quien ha logrado la negligencia e impunidad por parte de la actual fiscal Fatou Bensouda”, apuntó Márquez.
INHIBICION DE LA FISCAL BENSOUDA
En este sentido –continuó- le hacemos una solicitud pública a la fiscal Bensouda, además de que la hicimos procesalmente en el expediente en la fiscalía de la CPI en la Haya, para que se inhiba de seguir conociendo el caso Venezuela, por cuanto ella no es garantía de un debido proceso, pues ha violado los plazos razonables y ha empelado el examen preliminar como una estrategia dilatoria.
Recordó Márquez que entre Febrero de 2014, año en el que se iniciaron las protestas populares y febrero de 2018 cuando la fiscal Bensouda abrió el examen preliminar transcurrieron 4 años, fase que ella llamó una verificación inicial y luego del 8 de febrero de 2018 hasta ahora, han transcurrido tres años adicionales y a pesar de las abundantes pruebas que existen en el expediente, no ha resuelto absolutamente nada porque ella forma parte del engranaje del sistema corrupto venezolano que extendió su brazo oscuro hasta la Corte Penal Internacional.
En este sentido detalló Márquez , quien ha sido una de las pocas personas que ha denunciado públicamente y en la propia CPI a la fiscal Fatou Bensouda desde hace tres años y medio, que “veníamos advirtiendo ante la comunidad regional, nacional e internacional que ella no iba a ser diligente en abrir las investigaciones contra Nicolás Maduro, sino que por el contrario iba a emplear tácticas dilatorias para justificar su inacción como efectivamente está demostrado y confirmado por un informe del 2 de diciembre de 2020 por parte de Jared Genser Relator de Responsabilidad de Proteger (R2P) de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
Relatora de la ONU hace comparsa a Maduro
— Debemos resaltar que además de la irresponsabilidad de la fiscal Bensouda, quien en el año 2020 abrió un nuevo expediente llamado “Venezuela II” por una denuncia del régimen de Venezuela en contra de Donald Trump ex presidente de los Estados Unidos, alegando que eran los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela por las sanciones económicas, se suma luego la actuación de la relatora de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Alena Douhan, al hacerle comparsa al régimen de Nicolás Maduro, cuando es público, notorio y comunicacional que la crisis económica, política y social, especialmente el crimen de exterminio en Venezuela, es producto de la actuación de la barbarie roja del siglo 21, responsabilidad de Nicolás Maduro y su régimen, entre otras cosas por haber destruido la industria petrolera, desmantelado el aparato productivo venezolano, haber perseguido a los medios de comunicación, haber bloqueado el ingreso de la ayuda humanitaria al país y haber vetado la ley de la Asamblea Nacional para la solución de la crisis de alimentos y medicinas, con lo cual, desde hace años, antes de las sanciones económicas, está demostrado que en Venezuela se estaba cometiendo el crimen de exterminio por la privación de alimentos y medicinas en contra de millones de Venezolanos, además del éxodo y desplazamiento forzoso de más de 5 millones de connacionales , como consecuencia del estado de coacción a la que ha sometido el régimen de Nicolás Maduro al pueblo, lo cual también constituye un crimen de lesa humanidad, -detalló-.
Por último categorizó Márquez que rechaza la actuación de la relatora de las Naciones Unidas, Alena Douhan que forma parte de una estrategia internacional del régimen para tratar de evadir su responsabilidades criminales, que tendrá que asumirlas lo más pronto posible con la llegada del nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, quien tiene antecedentes de competencia y honestidad en los cargos que ha desempeñado.
