La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó este jueves al Gobierno venezolano a tomar medidas sin dilación para detener y remediar las transgresiones graves de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.
En un informe elaborado por orden del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina dice que si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
El documento afirma que en la última década, y sobre todo desde 2016, el Gobierno de Venezuela y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
Agrega que un conjunto de leyes, políticas y prácticas ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.
Destaca también la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
Metodología del informe
Para escribir el informe se realizaron 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países. Toma en cuenta también otras fuentes y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
La Alta Comisionada Michelle Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares.
Tras esa visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.
Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno o a los colectivos.
La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, según señala el informe. En 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.
El informe indica que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de la libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Pocas denuncias
La Alta Comisionada acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos y pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales.
El informe enfatiza que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de sus garantías fundamentales no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada.
“Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe. Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes y, en la mayoría de los casos, a investigaciones que se estancan.
En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes.
Crisis y sanciones
El informe afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis, que ya existía antes de dicha imposición.
Además, considera que el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.
La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres.
A pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales, amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del Gobierno.
La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. De noviembre de 2018 a febrero de 2019 hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.
El documento también aclara la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados.
Recomendaciones
El informe hace una serie de recomendaciones al Gobierno para salvaguardar los derechos humanos de la población.
“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, afirmó Bachelet.
La Alta Comisionada aseveró que el informe no aborda cuestiones de “política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”.
“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”, apuntó. (Noticias ONU)
