Delegados de la Pastoral de Movilidad Humana junto al Instituto Católico Chileno de Migración (Incami) pidieron urgencia en la protección de los derechos de los inmigrantes.
En una reunión sostenida entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre en Santiago de Chile, los participantes revisaron la situación migratoria actual y los principales temas que urge abordar.
En la declaración emitida el 2 de diciembre, los agentes explicaron que los inmigrantes vienen “buscando una mejor condición de vida para sí y su familia, o huyendo de situaciones de inseguridad, pero que no encuentran condiciones para un proceso de inserción digno o ven profundizadas situaciones de vulnerabilidad”.
En ese sentido, aseguraron que Chile debe garantizar “procesos de integración de quienes ya residen” y la posibilidad de “acceso a derechos como la reunificación familiar y los derechos de niños y niñas, creando puentes y no muros entre las personas”.
“Solo procesos definidos y transparentes de gestión y comunicación migratoria generan posibilidades de quedarse conforme a la ley, o, decidir tener que retirarse de manera digna”.
Por ello, los agentes exhortaron a que el próximo gobierno, que se definirá el 19 de diciembre en las elecciones presidenciales, “conciba la migración como realidad humana que, requiere protección y no exclusión”.
En ese sentido, pidieron que la ley 21.325, anunciada en abril de 2021 y que modifica las políticas migratorias, entre en vigencia en forma urgente, ya que posee principios y derechos “que actualmente no existen y que facilitarían acceso a nuevas formas de regularidad”.
La normativa mencionada exige obtener una visa en los consulados chilenos de los países de origen, con el fin de evitar que una vez en Chile, los extranjeros cambien su visa de turismo para luego buscar la permanencia.
En el caso de los extranjeros que ya ingresaron por pasos habilitados antes del 18 de marzo de 2020, y que no tengan antecedentes penales, tendrán un plazo de 180 días para solicitar una visa de residencia temporal sin ser sancionados.
De lo que ya se ha implementado en materia migratoria, los agentes criticaron la digitalización de los trámites que “no ha mejorado la gestión”, ya que “la entrega de permisos de trabajo y visas se hace cada vez más larga y burocrática, como también la falta de atención presencial y descentralizada”.
También denunciaron las limitantes de las visas consulares entregadas en Venezuela o Haití, pues afectan la inserción laboral de los migrantes.
Lo anterior conlleva a una emigración con nuevos “riesgos para sus vidas, considerando además que, entre ellos hay niños/as, muchos de ellos nacidos/as en Chile”.
“Evidenciamos falta de compromiso de las autoridades consulares de los países de origen de los migrantes, no solamente de Haití y de Venezuela, sino de otros de la región para la emisión expedita de documentos de identidad y pasaportes, de antecedentes penales y registro de menores de edad nacidos en Chile”, denunciaron.
“Nos preocupa la situación de niños y niñas que actualmente recorren parte de nuestro continente con personas distintas a sus padres o a sus cuidadores legales, con miras a reunificarse en Chile, por el riesgo que esto significa, y porque quienes llegan desde Venezuela, carecen de documentos apostillados (autenticados), lo cual les impedirá regularizar su situación en el país”, describieron.
Otra situación de preocupación es la normativa sobre refugio Nº 20.430 solicitada por personas que ingresan por pasos no habilitados ya que permanecen en situación de “irregularidad migratoria y dificultad de cambiar esta situación” con la consecuente expulsión, describieron los delegados.
