Es una de las actividades ilegales más lucrativas del mundo, pero también una en la que la tasa de impunidad es todavía muy, muy alta: el tráfico de seres humanos cuenta hoy en día con alrededor de 40 millones de víctimas. La mayoría son mujeres, pero también hombres y cada vez más niños y niñas, tratados por las redes delictivas como moneda de cambio y reducidos a una semiesclavitud para la explotación sexual y laboral, la mendicidad, los matrimonios precoces, las adopciones ilegales e incluso la extracción de órganos. Una actividad que a menudo queda impune: por cada 2.154 víctimas, se condena sólo a un traficante de seres humanos, a pesar del creciente compromiso de las instituciones nacionales e internacionales y de las ONG para combatir el fenómeno.
El relanzamiento de los esfuerzos para poner fin a la impunidad, garantizar la justicia para las víctimas, protegerlas y asegurar el respeto efectivo de sus derechos humanos fundamentales fue el objetivo de la 20th Alliance against Trafficking in Persons (20ª Alianza contra la Trata de Personas), una plataforma para la defensa y la cooperación contra la trata que reúne a organizaciones internacionales y de la sociedad civil. El evento, titulado «Poner fin a la impunidad: hacer respetar la justicia persiguiendo la trata de seres humanos», tuvo lugar del 20 al 22 de julio en Viena y fue organizado en cooperación con la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Monseñor Joseph Grech, en nombre de la Misión Permanente de la Santa Sede ante las Organizaciones Internacionales en Viena, participó en los trabajos e intervino en cuatro grupos de debate.
La desconcertante discrepancia entre el elevado número de víctimas y el escaso número de procesos y condenas por tráfico de seres humanos plantea el interrogante de la aplicación efectiva de las medidas que los Estados se han comprometido a adoptar para combatir el fenómeno, observó el obispo maltés en el primero de sus discursos: » No obstante los esfuerzos de la comunidad internacional, los recursos son escasos, principalmente a causa de las continuas crisis económicas y la inestabilidad sociopolítica de muchos Estados». Además -añadió- la financiación inadecuada de los sistemas judiciales nacionales alienta a centrarse en los resultados inmediatos, pero de alcance limitado, en vez de en la captura y condena de los «peces gordos», para los que se necesitan más tiempo y recursos, pero que podrían marcar una verdadera diferencia en la lucha contra este flagelo. La consecuencia – subrayó- es que de esta manera se perpetúa la impunidad de los traficantes de personas.
Además, subsiste el problema de fondo del acceso de las víctimas a la justicia y a la garantía de sus derechos fundamentales: personas vulnerables que se han vuelto aún más frágiles -como subrayó el Papa Francisco- por un sistema económico dominado por los intereses del capital especulativo mundial y ahora también por la pandemia de Covid-19. Para estas personas – remarcó el delegado pontificio – los sistemas judiciales están llamados a garantizar un trato justo, pero también un apoyo concreto durante los procedimientos.
Para combatir eficazmente las grandes organizaciones criminales internacionales que gestionan la trata -subrayó Monseñor Grech en el segundo panel de debate- es más urgente que nunca una mayor coordinación intergubernamental y, por lo tanto, el intercambio de más información y datos entre las fuerzas policiales de los distintos Estados, en particular a través de organismos como la Interpol y la Europol. También es esencial asegurar la independencia efectiva de los sistemas judiciales. No menos importante -añadió- es el apoyo de los medios de comunicación, que pueden promover campañas para concienciar a los políticos y al público.
La obtención de justicia para las víctimas no debe ser el único objetivo de los procedimientos judiciales contra los responsables, precisó el representante de la Santa Sede en su tercera intervención. Es necesario garantizar sus derechos humanos antes, durante y después de los juicios, permitiéndoles así dar testimonio contra sus verdugos en condiciones de seguridad, incluso mediante entrevistas pregrabadas o mediante la representación de terceros, para garantizar una reparación adecuada y ofrecer oportunidades para su plena reintegración social.
En su discurso conclusivo, Monseñor Grech reiteró las directrices fundamentales de la Santa Sede en la lucha contra la trata. Empezando por el respeto de los derechos humanos y la dignidad de la persona, que – afirmó – no debe servir sólo para limitar los árbitros y los excesos del uso de la fuerza pública en los Estados, sino que «debe servir de criterio guía para perseguir y castigar aquellas acciones que representen el más grave atentado contra la dignidad y la integridad de toda persona humana». En este sentido, la Santa Sede apoya firmemente el compromiso de la Alianza contra la Trata de Seres Humanos de crear un sistema legislativo que se concentre principalmente en las personas y defienda sus derechos inalienables y libertades fundamentales. «Todo sistema debe garantizar que no se violen los derechos de las víctimas y ofrecerles toda la asistencia necesaria, vigilando al mismo tiempo la aplicación de las leyes contra la trata de personas», concluyó el Representante Pontificio.
