En todo un desafío se convierte la recuperación de teléfonos robados o hurtados en el estado Táchira ya que según afirman algunos denunciantes, la falta de actuación policial les arrebata las esperanzas de poder conseguirlos.
Así lo confirma la señora Liana Ramírez quien manifestó que recientemente mientras estaba en una reunión en La Grita, municipio Jáuregui, le fue hurtado su teléfono.
Dijo que pese a que su celular le tenía la aplicación de ubicación el mismo no fue encendido en días posteriores al hecho, por lo cual no pudo determinar dónde podría estar el aparato.
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“Es una mala experiencia lo que viví porque el teléfono se convirtió en una herramienta de trabajo, donde tienes los grupos de trabajo, aplicaciones bancarias, por lo que todo el desenvolvimiento diario se te viene abajo, pues debes comenzar de nuevo” indicó.
Como este tipo de situaciones ocurren a diario, lo que representa un golpe al bolsillo, pues si bien es cierto en el mercado variedad de equipos, una persona debe tener mínimo más de 130 dólares para comprar uno nuevo.
“Cuando uno tiene teléfono la prioridad son otras cosas, pero cuando se pierde tiene conciencia que debe invertir de forma obligatoria porque es necesario para muchas cosas” expresó.
Descartó la denuncia pues duda que los organismos de seguridad se aboquen a investigar este tipo de hechos, los cuales solo quedan “engavetados” en las oficinas de los cuerpos policiales.
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“Si hay engavetados casos de maltrato a la mujer, es probable que estos también lo sean, pues para nadie es un secreto el retardo procesal que existe en otros casos”, aseveró.
El abogado Juan García destacó que, quienes son víctimas de hurtos son las que menos denuncian, mientras que las de robo tienden hacerlo más rápido debido a que sufren algún tipo de violencia al momento del arrebatón.
“En su mayoría a quienes se le hallan el teléfono no fue quien lo robó sino un tercero, por lo cual no se le imputa el delito de robo o hurto, se aplica es aprovechamiento de cosas por el delito, cuya pena es muy mínima, donde en gran parte se dicta es una medida cautelar” dijo.
Mencionó que, los teléfonos de última generación poseen un dispositivo que permiten ser localizados, pero los mismos son llevados a Colombia para ser vendidos allá, siendo esto una desventaja pues el estado Táchira se encuentra en la frontera.
En cifras
De acuerdo a cifras de diversos organismos policiales en la región, desde el mes de enero hasta agosto de este año 2022 se registraron 56 denuncias por los mencionados delitos. De este número 39 corresponden a robo y 17 a hurto.
Los 56 casos quedaron distribuidos de la siguiente manera, enero, seis; febrero, ocho; marzo, 10; abril, siete; mayo, siete; junio, tres; julio, siete; agosto, ocho.
A la fecha fueron recuperados dos equipos electrónicos, y capturadas seis personas en diversos municipios de la entidad.
Los delitos se cometieron en cinco localidades, entre ellos, San Cristóbal, 25; Rubio, 17; La Fría, 5; la Grita, cinco; Ureña, cuatro.
El pasado mes de julio, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas –Cicpc-, Douglas Rico informó que en el municipio Pedro María Ureña, fue aprehendido un hombre identificado como, J. Torres Fuentes, de 18 años, quien se dedicaba al robo de teléfonos en el eje de frontera.
Los hechos fueron cometidos en el sector Piedra Regina, El Tapón, en Ureña. Al momento de la captura fue incautada un arma de fuego que era utilizada para cometer estos actos delictivos, marca Retay, modelo Pt 24. Además de una motocicleta Scooter, Hj-125, placas AA0D93X, de color amarillo, año 2021, utilizadas de igual manera para cometer los robos.
Penas
El abogado, Juan García indicó que en el Código Orgánico Procesal Penal están estipulados las penas para las personas que están involucradas en este tipo de hechos.
“Las penas de hurtos tiene un mínimo de un año y un máximo de cinco años, mientras que en robo genérico va desde seis años hasta 12 años, pero esto dependerá de lo que determine el juez, si tiene antecedentes, si era buena persona, si era de noche, y otros factores” dijo.
Otras condiciones como el uso de arma de fuego para despojar a la persona hacen que aumente a más de 12 años, pues el COPP establece otras penas para el robo agravado.
Dijo que, ante estos delitos, el victimario no podría tener beneficios para salir en la audiencia preliminar, pues para ello se debe analizar cautelosamente los hechos.
Maryerlin Villanueva