El Tribunal Supremo británico aceptó pronunciarse sobre el oro de Venezuela guardado en el Banco de Inglaterra cuyo control se disputan Nicolás Maduro, y el presidente encargado, Juan Guaidó, pero el caso tendrá que esperar hasta la segunda mitad de 2021.
“La orden del Tribunal Supremo que da a Guaidó permiso para apelar fue emitida miércoles por la tarde, aún no tenemos una fecha para la audiencia pero no se espera que tenga lugar hasta la segunda mitad de 2021”, dijo el jueves Jane Wessel, abogada del gabinete que representa a la oposición venezolana.
Por su parte, el abogado del régimen de Nicolás Maduro, Nicholas Vineall, aseguró que este complejo caso, en que la justicia británica ya había dado la razón al líder opositor para luego quitársela, podría ahora tener que esperar hasta “octubre o noviembre del año que viene”.
Por una orden de la Corte de Apelación emitida en octubre, la magistrada Sara Cockerill, del juzgado comercial de la Alta Corte de Londres, debía determinar el jueves si la justicia volvía a preguntar al gobierno de Boris Johnson a cuál de los dos rivales políticos reconoce como “presidente de facto” de Venezuela.
Sin embargo, la juez decidió que dado que el Tribunal Supremo autorizó la víspera revisar ese fallo “sería inapropiado seguir adelante” con un procedimiento paralelo.
“Así que anularemos las vistas que teníamos previstas en enero y abril y esperaremos a lo que el Tribunal Supremo tenga que decir en su debido momento”, afirmó.
La ambigüedad de Londres
Pero esa decisión fue anulada en octubre por la Corte de Apelación, quien consideró ambigua la declaración del entonces ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, cuando en febrero de 2019 reconoció a Guaidó como “presidente interino de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles”.
Tres jueces consideraron que podía tratarse de una mera declaración política y que era posible que el ejecutivo de Johnson siguiese reconociendo «de facto» a la administración de Maduro.
Londres anunció el lunes que «no reconocerá la legitimidad» de la nueva Asamblea Nacional surgida de las elecciones del domingo -boicoteadas por casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención del 69%- que devolvieron el control del parlamento al gobierno de Nicolás Maduro.
Y reiteró en un comunicado su apoyo a Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida en 2015.
Sin embargo, sigue manteniendo su embajada en Caracas y relaciones diplomáticas mínimas con la administración del régimen chavista.
La situación política venezolana lleva tiempo dificultando que el Estado venezolano pueda acceder a los fondos del país en el sistema financiero internacional.
Si el Tribunal Supremo acaba dando la razón a la junta ad hoc nombrada por Guaidó, sentaría un precedente que la oposición espera utilizar para recuperar activos venezolanos depositados en otros bancos centrales europeos.
