Un monitoreo de prensa y recopilación de denuncias recibidas por Provea entre los meses de enero y septiembre de 2019, reveló que en los primeros 9 meses del año se denunció a nivel nacional un total de 34 casos de torturas que incluyeron a 554 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos.
Esta alarmante cifra constituye un aumento de 508,25% en el número de víctimas contabilizadas, respecto a los 12 meses del año 2018 cuando fue registrado un total de 109 personas afectadas por torturas. Además, es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en el país, superando a las 185 víctimas registradas en 2014.
Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de torturas.
La mayoría de las personas torturadas fueron hombres, jóvenes y pobres, manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este delito. El 98,55% (546) de las víctimas individualizadas fueron de género masculino, mientras que el 0,90% (5) pertenecen al género femenino. En el restante 0,54% (3) de las víctimas no pudo identificarse el género.
Las edades de las víctimas oscilaron entre los 18 y los 50 años, y la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes; culatazos; descargas eléctricas; crucifixión; patadas e insultos.
Del total de víctimas contabilizadas por Provea entre los meses de enero y septiembre, 408 (73,64%) fueron personas privadas de libertad vinculadas a la comisión de delitos comunes; 124 (22,38%) militares detenidos al ser acusados de formar parte de actos conspirativos contra la dictadura de Nicolás Maduro, y otras 22 personas (3,97%) fueron civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.
21 personas murieron entre los meses de enero y septiembre de 2019 a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. Comparado con la cifra registrada en 2018, en los primeros 9 meses de este año se produjo un aumento de 161,53%.
19 de las muertes registradas se produjeron en Centros de Detención Preventivos (CDP) bajo el control de la Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y policías regionales. Una muerte es atribuible a custodios de la Comunidad Penitenciaria Fénix en Barquisimeto, estado Lara, y otra, en el caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Después de tres años, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), vuelve a encabezar la penosa lista de torturadores en Venezuela. El CICPC cierra septiembre de 2019 con un total de 8 denuncias que lo involucran en la comisión de torturas contra 258 personas. Esta cifra sitúa al organismo como responsable del 46,57% del total de casos registrados en los primeros 9 meses del año.
La DGCIM se ubica en segundo lugar acumulando un total de 10 casos que involucran a 124 víctimas de torturas (22,38%), un notable incremento en cuanto al número de víctimas ya que este cuerpo de seguridad registró 49 víctimas más que en 2018, un aumento de 165%.
Los custodios penitenciarios adscritos al Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, se ubican en tercer lugar con dos casos que involucran a 101 víctimas de torturas (18,23%) ocurridas en la Comunidad Penitenciaria “Fénix” en el estado Lara y en la Cárcel Modelo de Barcelona, en Anzoátegui. Por su parte, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue señalada de haber torturado a 46 personas (8,3%), en su mayoría personas detenidas en el contexto de manifestaciones y privados de libertad de la Comunidad Penitenciaria “Fénix”.
En el estado Carabobo se concentra la mayor cantidad de víctimas con 201 personas torturadas (36,28%), la mayoría en la sede de la Subdelegación del CICPC de Valencia. Le sigue el estado Miranda con 181 víctimas (32,67%), 124 de ellas torturadas en la sede del DGCIM en Boleíta Norte. Anzoátegui ocupa el tercer lugar con 101 víctimas (18,23%) torturadas en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona y la Subdelegación del CICPC en El Tigre.
Informe de Provea
