Una zozobra es lo que vive la tachirense Esther Vezga Vivas, de 51 años, ante el acoso y hostigamiento que padece desde hace varias semanas, por parte de funcionarios de la Policía del estado Táchira, debido a su presencia en manifestaciones en contra del gobierno nacional y regional.
Y es que para esta madre de cuatro hijos, alzar su voz en contra de las pésimas políticas públicas, fue la única opción que le quedó para exigir un cambio en el país, debido a que Venezuela vive sumergida en una crisis humanitaria compleja.
De oficio asistente de laboratorio clínico, acudió a este medio de comunicación para repudiar la presencia de patrullas y efectivos policiales vestidos de Civil en las inmediaciones de su vivienda ubicada en la calle 15 con carrera 1 y 2, de Santa Ana, municipio Córdoba.
«Al principio no quise hacerle caso a esto, pero ahora se está saliendo de control. Me preocupa que me lleven detenida o me hagan algo tanto como a mi familia», expresó.
Para Vezga esto solo forma parte de una retaliación política, al participar de las diversas protestas para demandar salarios mínimos así como calidad en los servicios públicos.
Relató que en la zona donde vive, pasan hasta más de ocho horas sin luz, lo que provocó el daño de electrodomésticos y alimentos en su hogar. «Es desesperante lo que vivimos ya que son muchas las horas que pasamos sin luz. La nevera se me dañó hace varios días y no tengo los recursos para comprar una nueva», dijo.
Es por ello que junto a unos vecinos decidieron salir a las calles a protestar, sin embargo, la manifestación fue dispersada por organismos de seguridad, quienes lanzaron bombas lacrimógenas en contra de los asistentes.
«Desde entonces no tengo paz. No duermo, no como y me preocupa que un día lleguen a mi casa para llevarme detenida o hacer una desaparición forzada», explicó.
De forma reiterada organizaciones de derechos humanos en el país, denuncian detenciones arbitrarias hacia personas que protestan en el estado.
La nueva investigación documenta nueve casos de víctimas de detenciones arbitrarias motivadas por razones políticas cometidas entre 2018 y 2022. Algunas fueron directamente vinculadas con el activismo político de oposición, como el caso de Roland Carreño y otras por razón de género y vínculos familiares con terceras personas consideradas sospechosas por el gobierno, como el caso de Emirlendris Benítez.
En el informe vidas detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, Amnistía Internacional denunció la persistencia de la política de represión implementada por el gobierno de Nicolás Maduro y documenta los casos de nueve personas que se encuentran arbitrariamente detenidos en la actualidad en el marco de esta política. La organización exige su liberación
La diversidad de estas motivaciones políticas demuestra la alta vulnerabilidad que enfrenta la población en general a ser víctima de una detención arbitraria y otras graves violaciones de derechos humanos, afectando desde a opositores declarados del gobierno, hasta a personas sin militancia política de ningún tipo.
Desespero
En el Rostro de Vezga se evidencia el dolor, zozobra y miedo. Para esta mujer la paz se hizo inalcanzable y es por ello que realiza esta denuncia para hacer un llamado a los organismos internacionales para que cese el hostigamiento en contra de los ciudadanos que piensan distinto.
Recordó que el derecho a la protesta se encuentra establecido en la ley, razón por la cual rechaza de forma categórica la persecución a la que está siendo sometida por Politáchira.
Teme ser capturada y enviada a prisión tal y como ha ocurrido con otras personas del estado Táchira y resto del país.
«Pido que me ayuden a que me escuchen antes que me ocurra algo. Tengo cuatro hijos y todos necesitan de mi como madre», aseveró.
Maryerlin Villanueva
