Alberto Maldonado, presidente de la Federación de Trabajadores del Estado Táchira, (Fetratáchira) dio a conocer en una reciente entrevista para el Diario Católico que, actualmente alrededor de 400.000 empleos se perdieron en toda la entidad, en su mayoría pertenecientes al sector popular.
Asimismo, informó que el sindicato cuenta con una data de 25.000 afiliados, pero que escasos 60 están laborando en este momento, según las cifras que manejan. Para contextualizar un poco, expresó el hecho de que en el mercado laboral del Táchira se han cerrado alrededor de 250 panaderías por las diferentes medidas implementadas, lo que se traduce en unas 6.000 personas desempleadas.
Esta lamentable situación se ve agravada por el cierre legal de la frontera con Colombia de parte del gobierno venezolano, lo cual afecta a todo el sector productivo, ya que en la zona de Ureña y San Antonio existen industrias que, con la reapertura del paso fronterizo, ayudaría a reactivar la economía de la región en conjunto a los aranceles de comercialización para el Estado y así alimentar la gestión pública.
De igual forma, el presidente de Fetratáchira, aseguró que el movimiento sindical sigue luchando por la clase trabajadora y busca apoyo en la empresa privada para la recuperación del aparato productivo por alianzas y alternativas para entrar al mercado. A su vez, informó que los planes y soluciones de los sindicatos son la reforma de la ley orgánica del trabajo y recuperación de la ley de seguridad social, para integrarlas y crear un buen mecanismo jurídico en todos los ámbitos, que respalde a los 7 millones de trabajadores del país y empiecen a ocuparse del problema con las herramientas existentes y necesarias para la pronta reconstitución de Venezuela.
Otro punto importante para dicho cambio, sin duda es la educación, reiteró el dirigente. Por ello se planteó la propuesta a los profesores universitarios de las instituciones públicas, que mediante alternativas que beneficien tanto a estudiantes como docentes, puedan reanudarse las clases. La opción presentada fue el pago de montos que permitan cubrir las necesidades de los educadores y volver a las aulas, ya que «la educación es el medio para combatir la ignorancia y la vía para poder poner en práctica los conocimientos adquiridos, en el mercado laboral».
También hizo un recuento por la historia de Venezuela, para comprender un poco mejor lo que se vive desde hace algunos años. Empezó recordando que, luego del gobierno del presidente Medina Angarita, las empresas explotadoras de petróleo pagaron regalías y comenzó la lucha sindical para mejorar las condiciones económicas de la clase trabajadora logrando avances para Venezuela, con la creación del Instituto Venezolano del Seguro Social, regulaciones de los deberes y derechos de los trabajadores, que les permitió acceso a bienes y servicios y vida de calidad, mediante el ejercicio de su profesión u oficio.
A pesar de ello, a partir de 1998 se vio un decaimiento incipiente de estos logros pues, con el sistema de gobierno que existe desde hace 23 años se desmanteló el sistema productivo de la nación, expresó Maldonado. Se ha contabilizado la expropiación de 83 empresas de todos los rubros y ninguna funciona actualmente, el despido de más de 20 mil trabajadores de PDVSA, la destrucción del salario y el contrato colectivo, y considera que «ser una persona de la tercera edad es un delito», pues los trabajadores venezolanos son los más pobres del planeta, con un sueldo o pensión de menos de 1 dólar.
Emiliana Hernández / Pasante UBA
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