La Corte Suprema de Chile rechazó tres de los cuatro recursos de amparo que fueron interpuestos en favor de los migrantes expulsados de la nación austral a principios de febrero, con lo que ratificó el miércoles 24 de febrero la deportación de estas personas -entre las que hay ciudadanos venezolanos- que entraron a ese país de forma irregular.
De esta forma, queda sin efecto la sentencia emanada desde la Corte de Apelaciones de Iquique, que había dejado sin efecto las órdenes de expulsión y se alinea con la postura del Ejecutivo presidido por Sebastián Piñera.
Esa instancia en Iquique había acogido cinco recursos de amparo presentados por el Instituto de Derechos Humanos, la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y abogados particulares en representación de los migrantes venezolanos.
Según medios chilenos, la medida tomada en la Sala Penal de la Corte Suprema de Chile no contó con el aval unánime de los magistrados de la Segunda Sala del máximo tribunal de la nación austral, ya que dos de los letrados que componen esa instancia se mostraron en contra.
«Que la autoridad administrativa ha obrado dentro del límite de sus atribuciones, con estricto apego a las normas contenidas en la Carta Fundamental y a la legislación especial establecida en lo pertinente en los artículos 2, 3, 15 N° 7, 17 y 69 del Decreto Ley N° 1094 de Extranjería y su reglamento, y Decreto N° 818 del Ministerio del Interior, fundando adecuadamente sus actos, no afectando a dichas facultades el hecho de existir desistimiento de la acción penal e inexistencia de investigación del mismo, ni tampoco las circunstancias ocurridas con posterioridad al acto impugnado, las que deben ser planteadas como motivo de la solicitud de regularización de su situación migratoria mediante el procedimiento administrativo previsto en la ley», señaló la Sala Penal.
Sin embargo, sí acogió uno de los cuatro recursos de un ciudadano venezolano que cuenta con un vínculo estable en Chile.
Tras conocerse la sentencia de la Corte Suprema, el subsecretario del Interior de Chile, Juan Francisco Galli, señaló que la instancia judicial «señala que hemos actuado conforme a nuestras atribuciones, conforme a la Ley y a la Constitución y además, dando cumplimiento a la Ley Migratoria».
Enfatizó como relevante recordar a los que quieran ingresar en Chile, lo deberán hacer de forma regular y que quienes lo hagan por vías no autorizadas están, además de arriesgando todo, obligando a su país «a iniciar respecto a esas personas proceso de expulsión”.
El gobierno de Chile deportó a principios de febrero de 2020 a un grupo de más de 100 migrantes en un intento de frenar la migración ilegal proveniente de varios países, en su mayoría de Venezuela, desde donde han partido más de 5,4 millones de personas en busca de una mejor calidad de vida.
Con cierta anterioridad, las autoridades chilenas coordinaron con Ecuador y Perú, quienes colocaron militares en sus fronteras para frenar el flujo migratorio.
En Chile, país que hasta el inicio de las protestas de 2019 era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más de 7% de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
