Una denuncia por los delitos de abuso de funciones, agavillamiento, violación de domicilio, hurto agravado y daños a la propiedad, fue introducida este jueves 1º de diciembre ante la Fiscalía Superior del Táchira en contra de los funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal: Mario Izarra, síndico procurador municipal; Miogmar Ferreira, director del terminal de Pasajeros, y Gerson Ramírez, consultor jurídico de ese organismo, por graves violaciones de derechos humanos de concurso de delitos en contra de Andrea Ramírez, propietaria de un restaurant dentro del principal puerto terrestre de la entidad, cuyo local era propiedad del municipio San Cristóbal alquilado por este organismo municipal.
La denuncia fue introducida por Andrea Ramírez, en compañía de Walter Márquez, diputado jubilado de la Asamblea Nacional, presidente de la Fundación El Amparo, y director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), y fue asistida por los abogados Omar Sayago y Reinaldo Pedroza, quienes relataron que el día 12 de noviembre sin un debido proceso, sin una resolución de la alcaldía ni de ingeniería municipal estos funcionarios procedieron con el uso de la fuerza, con un tractor, a demoler el restaurante que esta micro empresaria regentaba dentro del terminal de pasajeros de San Cristóbal.
Del restaurante fueron sustraidos enseres, materiales, muebles, electrodomésticos y hasta alimentos, por lo que Walter Márquez afirmó que además de ser un hurto calificado representa un grave daño a la propiedad, una violación al debido proceso, al derecho a la defensa, el derecho a la propiedad, a la presunción de inocencia; además es un precedente que no se puede aceptar en un régimen de derecho, ni en un Estado democrático.
“En mi condición de defensor de derechos humanos, rechazo de manera contundente la actuación del síndico municipal, Mario Izarra; del director del terminal de pasajeros, Miogmar Ferreira, y de Gerson Ramírez como consultor jurídico de ese organismo, en virtud de que el 27 de octubre se inició un procedimiento administrativo en contra de la ciudadana Andrea Ramírez, propietaria del restaurante del terminal de pasajeros, y el día 12 de noviembre, sin que se hubiese cumplido los plazos establecidos dentro del debido proceso, ya que la defensa había presentado sus alegatos, se procedió a la demolición a la fuerza, sin presencia de autoridades de ingeniería, sin haberse revisado recurso alguno; además es un hecho extremadamente grave porque el propietario del local era el propio municipio. Quien alquiló fue el municipio, y si no se había cumplido con la ordenanza municipal de construcción, era el mismo municipio el que no cumplió, por lo que no se le puede endosar a un particular los errores de la administración pública”, detalló Márquez.
Destacó que lo ocurrido en el terminal de pasajeros no es un hecho aislado, porque abusos similares se han cometido en el Hospital Central de San Cristóbal, el caso de “La Carreta” y otros más que violando el debido proceso también les han cerrado arbitrariamente sus negocios.
“Vamos a estar vigilantes para que el Ministerio Público actúe apegado a las leyes y las normas jurídicas vigentes en nuestro país, y si esto no se cumple recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la responsabilidad Internacional del Estado y de ser necesario ante otras instancias como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, dijo.
Por su parte la señora Andrea Ramírez señaló que a ella no solo le violentaron el debido proceso sino que como microempresaria le están vulnerando el derecho constitucional a una empresa familiar, que junto con su esposo habían emprendido para no abandonar el país como ha hecho mucha gente joven acosados por la crisis y la falta de ingresos, por lo que apostaron por invertir todos sus ahorros en ese restaurante que en unos pocos minutos quedó en el suelo. “A mí me están causando un daño irreparable, al igual que a mi esposo y a nuestro hijo, porque ¿quién nos responde ahora por las pérdidas y la falta de ingresos para subsistir? Por eso reclamamos justicia nacional e internacional ante esta grave violación de derechos humanos”.
Los abogados Omar Sayago y Reinaldo Pedroza, resaltaron que están haciendo uso de su estado de derecho no solo para que se investigue y sancione a los responsables de estos hechos y a la cadena de mando de la Alcaldía de San Cristóbal que autorizó estas actuaciones indebidas, sino también por los daños y perjuicios causados, no solo materiales sino morales a las personas que ellos están asistiendo.
