Las prohibiciones generadas por el estado de alarma y la cuarentena obligatoria decretada en Venezuela para contener la propagación del COVID-19, no han impedido que los grupos armados irregulares continúen imponiendo la cultura de la muerte y el terror en su lucha por el control del territorio fronterizo, contabilizándose a la fecha 151 hechos violentos entre enfrentamientos armados, desapariciones de personas y homicidios.
El último boletín presentado por FundaRedes titulado «Restricciones por COVID-19 no frenan acción de grupos armados irregulares en la frontera de Venezuela», afirma que pese a las medidas ordenadas por Nicolás Maduro relacionadas con la seguridad fronteriza y la movilidad internacional, interestatal e intermunicipal, con especial impacto en los estados Apure, Táchira, Zulia y Bolívar, la actuación de las organizaciones criminales no ha cesado, al contrario, se ha incrementado de forma alarmante.
“El cierre de los pasos formales entre los estados Táchira, Apure y Zulia con Colombia se convirtió en el acelerador inmediato de la violencia en estas zonas limítrofes, los grupos armados irregulares siguen generando zozobra. En esta etapa de cuarentena se han registrado 151 hechos que incluyen enfrentamientos armados, desapariciones de personas, asesinatos –incluso con desmembramiento de cuerpos–, heridos y otros delitos como el tráfico de personas, extorsión y contrabando”, señala el informe.
En los últimos meses – reseña FundaRedes- se ha realizado un trabajo permanente de documentación, confirmación y procesamiento de datos, cuyos resultados obtenidos demuestran el incremento de la violencia en la zona limítrofe de Venezuela con Colombia y Brasil, así como en la costa occidental colindante con las islas del Caribe.
“Durante el tiempo de cuarentena ha habido más víctimas por homicidios en las zonas fronterizas a manos de grupos armados irregulares de origen colombiano que personas muertas a consecuencia del coronavirus en todo el país”, revela la investigación.
Asimismo la organización pro defensa de DDHH destaca que en el estado Táchira, voceros oficiales anunciaron el des-pliegue de 3.500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y aseguraron haber reducido en 99% el paso ilegal a través de la frontera. Sin embargo, en abril y mayo, en medio del aislamiento social obligatorio para prevenir la COVID-19 y en momentos de mayor presencia militar y control por parte de los cuerpos de seguridad, dos personas fueron asesinadas en los pasos ilegales y otras 12 fueron reportadas como desaparecidas.
El estudio hace referencia a una serie de acontecimientos que certifican la actuación de las agrupaciones terroristas en los estados Táchira, Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas durante la cuarentena por el COVID-19, destacando entre ellos lo ocurrido el pasado 8 de abril en Libertad, municipio Capacho Viejo, estado Táchira, cuando un grupo de personas identificados como integrantes del ELN se presentaron en instalaciones del colegio Santa Mariana de Jesús, con armas largas amenazando y amedrentando a quienes allí se encontraban. Mientras que en el estado Zulia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y grupos paramilitares retomaron la confrontación por el dominio del territorio fronterizo.
“En Amazonas, la presencia del ELN es cada vez más evidente en Puerto Ayacucho, Puerto Páez y San Fernando de Atapabo, poblaciones ubicadas en el estado Amazonas, sobre los márgenes del río Orinoco, donde el índice de criminalidad es mayor al registrado oficialmente, debido a lo difícil que resulta tener acceso a la información precisa de lo que sucede en la región”.
FundaRedes asegura que en Apure los productores agropecuarios son víctimas de una nueva forma de violencia que surgió de las alianzas entre el Ejército de Liberación Nacional y algunos miembros de las etnias indígenas Yaruro y Cuiba, quienes con el uso de arcos y flechas se han constituido como nuevos brazos armados de la guerrilla para amenazar, extorsionar e incluso asesinar con elevados niveles de crueldad a propietarios de fincas y productores venezolanos.
Por otra parte, en el estado Bolívar la pugna por el control de los yacimientos del Arco Minero del Orinoco mantiene enfrentados a los denominados “sindicatos”, con los grupos de la guerrilla del ELN y las fuerzas policiales y militares. San Félix, El Callao, El Dorado y Tumeremo son algunas de las zonas asociadas a la guerra de bandas, ajustes de cuentas y presuntas ejecuciones extrajudiciales. Los crímenes allí registrados evidencian altos niveles de violencia y crueldad.
Ante la agudización de los índices de criminalidad por la actuación de los grupos armados irregulares colombianos en los estados fronterizos, FundaRedes ha solicitado en reiteradas oportunidades a las diferentes instancias del Estado que se investigue esta situación en Táchira, Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas y actúen en concordancia a fin de garantizar la dignidad humana de los habitantes de esos territorios fronterizos, que hoy está siendo vulnerada.
Lamentablemente – afirma la ONG- las gestiones por parte de las autoridades para evitar que los grupos armados irregulares de origen colombiano continúen actuando en los límites con Venezuela han sido prácticamente nulas, así como tampoco han sido atendidas las constantes denuncias interpuestas en los últimos años a fin de frenar estas incursiones y las violaciones de los Derechos Humanos a la población fronteriza.SM 7.996 (Prensa FundaRedes)
