Javier Tarazona, director general de FundaRedes ofreció un balance de la violencia que se vive en el estado Amazonas, donde grupos armados irregulares cometen distintos tipos de crímenes en medio de la disputa por el control del territorio para la explotación minera.
En el municipio Atabapo, específicamente en el Parque Nacional Cerro Yapacana, hay al menos 27 minas, por las cuales existen pugnas y en medio de ello, comunidades indígenas se han visto afectadas incluso con el asesinato de varias personas en los últimos meses, quienes caen como parte de la actuación de las FARC.
Destacó Javier Tarazona que recientemente fue asesinado el profesor José Dacosta, quien ejercía como director de una institución educativa en Amazonas, y laboraba en la Mina 40 para poder obtener algunos recursos adicionales para el sustento de su familia, y fue asesinado por miembros de grupos armados irregulares que operan en la zona.
Junto a Dacosta, se dio a conocer la situación del joven Luis Charlot, de 17 años de edad, de quien inicialmente se dijo que había fallecido, debido a que existe una gran dificultad de acceso a la información en la zona y los pobladores tienen mucho temor de dar a conocer lo que allí ocurre pues viven amenazados, sin embargo, datos más recientes indican que el joven logró sobrevivir al ataque de los irregulares y se encuentra a resguardo.
Recordó el director general de FundaRedes que desde el 2013 se ha evidenciado la presencia de más de 4 mil sujetos pertenecientes a organizaciones terroristas en Amazonas, dominio que se agudizó con la firma del acuerdo de paz en Colombia en el año 2016, cuando estos sujetos armados se desplazaron a territorio venezolano con más fuerza para resguardarse y continuar sus operaciones.
La actuación de los grupos armados irregulares se extiende en las zonas de Río Negro, Atures, Autana, entre otros; mientras que en el Río Siapa tienen campamentos para dirigir sus actividades ilícitas en parte del sector.
En tal sentido se extendió nuevamente un llamado a la comunidad internacional, a que se activen los mecanismos necesarios para preservar los derechos de las etnias indígena, y recordó que estos hechos han sido denunciados durante años en organismos locales y nacionales, sin que se dé una respuesta efectiva y cese al conflicto. (Prensa FundaRedes).
