El informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que preside Luis Almagro, elaborado a través de Jaded Genser, comisionado para la Responsabilidad de Proteger de la OEA, quien junto con un equipo de juristas revisó y actualizó el informe de la OEA elaborado por expertos el 29 de mayo de 2018 y remitido en septiembre de ese mismo año por seis Estados Parte a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro, es según el diputado jubilado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, contundente y dramático en su contenido.
De acuerdo a Márquez, quien ha mantenido desde hace tiempo la denuncia constante contra la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por su inacción, negligencia y corrupción ante las múltiples denuncias contra el régimen de Maduro, manifestó que el informe de la OEA contiene reportes y fotos impactantes de la desnutrición en Venezuela, el tratamiento inhumano y degradante a presos, la grave violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Precisó que el informe de la OEA es una actualización y recopilación de diferentes reportes , incluyendo los de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de los años 2017 al 2020, los informes del anterior Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Príncipe de Jordania Zeid Ra ad Al Hussein y también el último informe de la misión internacional independiente de verificación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de septiembre de 2020, que también coincide que en Venezuela ha habido crímenes de lesa humanidad.
Suficientes pruebas contra Maduro
“Este informe actualizado es suficiente para que Nicolás Maduro sea investigado y enjuiciado por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pero también contra la fiscal Bensouda por los señalamientos de inacción, falta de imparcialidad y objetividad. Hay suficientes pruebas y elementos comprometedores contra ella que obligan a la Fiscal en primer lugar a inhibirse y a apartarse del caso Venezuela, ya que no ha actuado de manera imparcial y apegada al Estatuto de Roma”, dijo-.
Un escenario planteado por Walter Márquez es que en el caso de que la Fiscal no se inhiba “los seis Estados Parte que denunciaron a Nicolás Maduro el 27 de septiembre de 2018: Canadá, Colombia, Chile, Perú, Argentina y Paraguay, deben recusar formalmente a la Fiscal para que ella se aparte del caso, o en su defecto la propia Mesa de la Asamblea de los Estados Parte tiene en su poder abundantes pruebas de denuncias que he consignado ante la CPI por negligencia grave e incumplimiento grave por parte de la fiscal Bensouda”.
Indica Márquez que la comunidad internacional no se puede quedar solo en un señalamiento público contra la fiscal de la CPI, tiene que actuar en base al artículo 46 de Estatuto de Roma en concordancia con la Regla 24. 2 de Procedimiento y Prueba, para que ella sea investigada y apartada del cargo o removida, ya que este informe de la OEA es dramático en su contenido y contundente en el marco probatorio contra Maduro y la fiscal Bensouda.
Por lo tanto solicita que la comunidad internacional actúe en consonancia a la gravedad de los hechos y no se quede con la denuncia porque hay suficientes pruebas, ya que el problema no es probatorio ni procesal, sino de la administración de justicia, y en este caso en particular de la corrupción de la Fiscal Fatou Bensouda.
“Desde hace más de 3 años y medio he sido prácticamente un profeta que clama en el desierto con una denuncia permanente contra la fiscal con el apoyo de Ciciven (Comité internacional contra la Impunidad en Venezuela), y en ocasiones con el respaldo de Carlos Ramírez López que ha coincidido en la denuncia, ahora la comunidad internacional está comprendiendo que la fiscalía de la CPI no puede seguir siendo un depósito de denuncias sino que debe convertirse en un instrumento de la justicia universal”.
Walter Márquez destacó que el retardo judicial injustificado de la fiscal ha conllevado, como lo dice el informe de la OEA, al aumento de la criminalidad de lesa humanidad en Venezuela, por lo que deben tomarse medidas preventivas, entre ella la remoción de la fiscal. No basta que en este mes de diciembre se nombre al nuevo fiscal que tomará posesión en junio del próximo año, sino que se garantice una justicia transparente, porque cada día que pasa sigue falleciendo más gente en el país, continúa el éxodo forzoso de venezolanos, por lo que es importante que la comunidad internacional actúe de manera diligente e inmediata para que la fiscal se inhiba, la recusen o la remuevan del cargo para que realmente haya justicia en La Haya y se enjuicie y castigue a los culpables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
