El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha expropiado oficialmente el internado San José de Jinotepe, en el departamento de Carazo, con 40 años de historia a sus espaldas y administrado por la Congregación de las Hermanas Josefinas.
Las religiosas, según informa la agencia EFE, son presuntas responsables de «delitos» durante las protestas de 2018, según las acusaciones de Rosario Murillo. La copresidenta habría asegurado que en el centro se ‘torturó y asesinó’ a sandinistas durante las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.
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Por ello, el internado tendrá en adelante, afirmó además Murillo, el nombre de centro educativo ‘Bismarck Martínez’, en honor a un militante sandinista asesinado durante esas mismas protestas.
La labor de las monjas
La condena a la medida, según el portal independiente Despacho 505, fue expresada por la investigadora de temas religiosos Martha Patricia Molina, quien acusó al copresidente de difamar a la congregación, cuyas monjas, explicó, «desde que se establecieron en Nicaragua en febrero de 1915, han educado a niños y niñas en valores cristianos y humanistas basados en el amor al prójimo y la práctica de la caridad».
Condena estadounidense
Desde Washington, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, a través de su cuenta X, calificó la confiscación decidida por el gobierno nicaragüense como “una prueba más de que la perversidad de la dictadura de Murillo-Ortega no tiene límites”.
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