Cuatro diputados presentaron un proyecto para la “remoción de los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos y/o edificios pertenecientes al Estado Nacional”.
Se trata de los parlamentarios opositores Karina Banfi, autora principal del proyecto, Martín Arjol, Fabio Quetglas y Fernando Iglesias, los tres primeros radicales y el cuarto del bloque PRO.
El proyecto que busca prohibir la exhibición de símbolos e imágenes religiosas cuando no formen del lenguaje arquitectónico había sido presentado en dos ocasiones, en 2018, y 2020.
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En esta ocasión el nuevo intento de convertirlo en ley se da luego de la concurrencia masiva de funcionarios del gobierno, varios de los cuales en general son adversos a cualquier iniciativa de índole religiosa, a una Misa en la Basílica de Luján en la que pidieron por la paz del país pero sin presencia de adversarios políticos.Los motivos
Según los fundamentos, el propósito sería “garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como de garantizar el carácter laico de los poderes públicos”.
Los autores del proyecto entienden que la simbología religiosa «no solo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del Estado Nacional». La intención con la prohibición, consideran, sería que el Estado «garantice trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos».
Las polémicas
El proyecto menciona como antecedente la polémica de años en torno a la entronización en el ingreso al palacio de Tribunales, sede central del Poder Judicial, de una imagen de la advocación mariana de Santa María del Rosario de San Nicolás.
Inicialmente, en línea con un entonces ministro de la Corte Suprema, la Justicia entendió se debía remover ya que «que revelaría una implícita, pero no por ello menos clara, adhesión a un credo, en detrimento de otros». No obstante, en un fallo posterior, la Cámara en lo Contencioso Administrativo juzgó que “de la sola manifestación pública de una creencia religiosa, aunque emane de órganos del Estado, no puede inferirse una presunción de trato discriminatorio o arbitrario”.
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Más allá de la recurrente denuncia por instrumentalización política de la religiosidad popular o de la figura del Papa, actualmente no se dan discusiones concretas por la presencia de imágenes religiosas en espacios y edificios públicos.
Por el contrario, son más frecuentes las discusiones por la ocasional exposición de manifestaciones artísticas que tergiversan imágenes religiosas con un propósito crítico en espacios públicos como museos o centros de exposiciones.
Con información de Aleteia–
Maryerlin Villanueva
