Los los padres de la niña Michelle Pernía, quien falleció el pasado 30 de diciembre en el Puente Unión entre Boca de Grita, Venezuela, y Puerto Santander, Colombia, acudieron al Ministerio Público a consignar la denuncia sobre lo ocurrido, a exigir la apertura de la investigación y que sean detenidos los funcionarios de la Guardia Nacional que impidieron el paso de la ambulancia que trasladaba a la menor de edad conectada al oxígeno.
Jonathan Pernía y Milagros Sánchez, padres de la menor, fueron asistidos por el presidente de la Fundación El Amparo, diputado jubilado de la Asamblea Nacional y director General del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez; del diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la comisión de fronteras, Juan Carlos Palencia; del periodista Gustavo Azócar y de la abogada Ana Celita Hernández.
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“Hemos solicitado formalmente la apertura de una averiguación por el fallecimiento de la niña Michelle Pernía por negligencia de funcionarios de la Guardia Nacional en el puesto de control del Puente Internacional Unión entre Boca de Grita y Puerto Santander, y la detención inmediata de los funcionarios responsables, cuando la niña sufría de una grave afección bronquial y los guardias no permitieron que la niña fuera trasladada junto con la ambulancia y se vio obligada su mamá a bajarla de la ambulancia, desconectarla de la bombona de oxígeno, trasladarla en una carrucha de madera, protegerla con un plástico de la fuerte lluvia y llevarla al Hospital de Puerto Santander, a donde llegó sin signos vitales”, dijo Márquez.
Precisó el defensor de derechos humanos que este hecho viola el interés superior del niño, niña y adolescente contemplado en convenciones nacionales e internacionales, sino que también viola el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito y el derecho a la salud, lo que constituye un homicidio intencional, además del delito de falta de socorro establecido en normas venezolanas. También se trata de un crimen de lesa humanidad.
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Destacó que este es un hecho criminal que compromete a la cadena de mando que va desde el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hasta el Guardia Nacional de turno que cumplió la orden arbitraria e ilegal de no dejarla pasar por la frontera. “Responsabilizamos a los altos mandos civiles y militares de la muerte de esta niña inocente. Exigimos fronteras libres porque no hay razones ni civiles, ni diplomáticas, de seguridad de Estado, ni de carácter social y económico, para que la frontera entre Venezuela y Colombia permanezca cerrada. Además de la cadena de mando el Guardia Nacional de turno debe estar preso y puesto a órdenes del Ministerio Público porque esto es un delito penal ordinario, no es penal militar”.
El documento será remitido a la Fiscalía 20 de Derechos Fundamentales y a la Fiscalía 22 de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.
“Que no vuelva a ocurrir”
Milagros Sánchez, madre de Michelle Pernía, pidió que se haga justicia en la muerte de su hija para que un hecho como estos no vuelva a ocurrir en la frontera entre Venezuela y Colombia.
“No quiero que ninguno más pase por lo que estoy pasando yo, lo que estoy sintiendo dentro de mi corazón. Que se haga justicia con los guardias que no me dejaron pasar a mi niña que iba grave en la ambulancia, ya que decidimos llevarla (Colombia) para allá ya que somos de bajos recursos y no teníamos la plata para llevarla a un centro pago. Que la frontera permanezca abierta para que ninguna otra madre pase el dolor que estoy pasando yo en estos momentos”, expresó.
Insistió en que ni el gobernador del estado, Freddy Bernal, ni ningún organismo de seguridad o de investigación se han comunicado con ellos para conocer lo ocurrido en este caso.
