Definirla la colocación de la piedra fundamental no es exacto, porque la base se apoyaba en cimientos ya estructurados, fundidos no sólo en este Pontificado. Pero no hay duda de que el edificio construido en los últimos meses en la Iglesia para combatir el fenómeno de los abusos cometidos por el clero se ha beneficiado de manera original de la obra «arquitectónica» diseñada por la Cumbre sobre la protección de los menores celebrada en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019. Los próximos pasos que se están dando ahora serán el tan esperado Grupo de Trabajo, para apoyar a las conferencias episcopales y las comunidades religiosas que necesitan preparar o actualizar las líneas guía sobre el tema, y el Vademécum de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ambos anunciados al final del encuentro de febrero.
Nunca más «lobos voraces»
Lo que ha sucedido en doce meses – una serie de medidas pontificias y la creación de instrumentos de intervención, entre ellos la abolición del secreto pontificio sobre los casos de abuso – comienza a partir de esos días de intenso trabajo iniciado hace exactamente un año, con el Papa rodeado principalmente por los presidentes de los episcopados, pero también por miembros de la Curia, representantes de institutos religiosos y expertos. Un total de 200 personas unidas por la necesidad de «concienciación y purificación» – como dice el título bajo el que se recogieron y publicaron las actas del encuentro – de las que Francisco se despidió con las palabras graves y urgentes pronunciadas en la homilía de la Misa de clausura en la Sala Regia. Queda en la memoria ese incentivo a proteger a los pequeños de los «lobos voraces», el deseo de hacerse cercanos a las víctimas y a un «Dios traicionado y abofeteado».
Las normas cambian en el Vaticano
Un mes después, el 26 de marzo de 2019, Francisco firmó tres documentos que cambiaron el rostro de la legislación vaticana. El primero es la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio que establece que se debe perseguir a quienes cometan «abusos o malos tratos a menores o a personas vulnerables» que por los delitos cometidos en el territorio vaticano tengan jurisdicción penal los órganos judiciales internos, que se debe ofrecer a las víctimas asistencia espiritual, médica, social y legal, que se debe garantizar el derecho a un justo proceso para los acusados y que se debe destituir de sus encargos a los condenados, sin perjuicio de su apoyo para la rehabilitación.
La ley y las líneas guía pastorales
La segunda disposición aprobada por el Papa es la Ley 297 para el Estado de la Ciudad del Vaticano. El nuevo código impone, entre otras cosas, la obligación de denunciar en forma tempestiva la noticia de un delito y establece la prescripción en 20 años, que, en el caso de un menor, comienza a partir de los 18 años. La Ley 297 también indica en el «servicio de acompañamiento» el instrumento adecuado para prestar todas las formas de asistencia a las víctimas y sus familiares. La tercera disposición, las «Líneas Guía para la protección de los menores», establece los criterios para la elección de los agentes pastorales y las normas de conducta correctas en la relación con los menores y las personas vulnerables y, en general, enumera los procedimientos que deben seguirse en el caso de los procedimientos contra los abusadores.
Las reglas cambian en toda la Iglesia
Tras legislar sobre este asunto en el Vaticano, un mes y medio después Francisco extendió las mismas obligaciones a toda la Iglesia de manera similar. Lo hace con el Motu proprio «Vos estis lux mundi», firmado el 9 de mayo de 2019. También en el caso de este documento se fijan las normas a seguir para informar sobre abusos y violencias y para asegurar que los obispos y los superiores religiosos rindan cuentas. El documento introduce la obligación de que los clérigos y religiosos informen sobre los abusos y exige que cada diócesis tenga un sistema de fácil acceso al público para recibir las denuncias. Para ayudar a los dicasterios en la aplicación del Motu proprio, se establece una mesa presidida por Monseñor Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, en la que participan representantes de la Secretaría de Estado y de las Congregaciones para la Doctrina de la Fe, para las Iglesias Orientales, para los Obispos, para la Evangelización de los Pueblos, para el Clero, para los Institutos de Vida Consagrada.
Abusos, fin del secreto pontificio
A finales del año pasado, el Papa dio un paso más. El 17 de diciembre se hicieron oficiales dos Rescriptos firmados por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin. El primero, que despertó gran atención en los medios de comunicación, promulga la Instrucción con la que Francisco, anulando el «secreto pontificio», quiere asegurar el modo de comportarse -y por tanto el grado de reserva a adoptar- en los casos de denuncias de abusos sexuales cometidos por clérigos y religiosos y sobre posibles encubrimientos y silencios por parte de las autoridades eclesiásticas. El segundo Rescripto introduce cambios en la Normae de gravioribus delictis. Una de ellas tipifica como delito que un clérigo adquiera, detenga o divulgue imágenes pornográficas de menores considerados como tales no ya hasta los 14 años sino hasta los 18 años de edad. Otra es la que otorga la facultad de ejercer el papel de abogado y procurador no ya como en el pasado a un clérigo sino a «fiel con un doctorado en derecho canónico».
