Con la aplicación de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (LOCAPTEM), uno de los sectores que más ha sido afectado, es del comercio de especies alcohólicas, al cual la alícuota establecida es del 6,5 por ciento, un incremento que de acuerdo a los representantes de sector, se traduciría en un cierre técnico para las empresas que se encarga del mercadeo de licores.
Para Johnson Delgado, presidente de la Federación Venezolana de Licoreros y Afines, esta situación está siendo estudiada por los representantes licoreros quienes prevén llegar a todos los órganos jurisdiccionales ante lo que ellos denuncian como un atropello y un ataque al libre comercio.
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“Esta nueva ley estableció como tope pagar las alícuotas a las distintas municipalidades el 6, 5 por ciento mientras a la mayoría de los sectores los ubicó en 3 por ciento a nosotros nos elevó como si fuéramos ajenos (…) nosotros somos igual a los demás sectores porque lo que vendemos es legalmente comerciable en el país”.
Delgado aclara que los estudios que han realizado en torno a sus parámetros de costos dejan por sentado que pagando este tipo de tributos las empresas no podrían permanecer abiertos al público consumidor.
“Nosotros vamos a ir a los tribunales vamos a generar un estudio de cuáles son las alícuotas en los municipios que han querido elevar esos montos porque es prácticamente inconstitucional, porque serían impuestos confiscatorios para nuestro sector”.
Afectados
Para el presidente de la Federación Venezolana de Licoreros, el error fue asumir que el rubro al que pertenecen sea catalogado de fabricantes cuando en realidad son comerciantes, es por ello, que se debe rectificar el pago tributario.
“Somos comerciantes no fabricantes, nos metieron en el mismo bloque de los fabricantes y eso es injusticia”.
Esta situación, sumada a la crisis económica nacional, ha promovido que algunos comercios no cancelen con regularidad los pagos municipales y nacionales puesto que aducen que la crisis va también de la mano con el ingreso al país de mercancía con la cual no pueden competir.
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“Las autoridades municipales dicen que no pagamos impuestos (…) hay muchos que no pagan impuestos, no han pagado y no pagarán por que no alcanza (…) paralelamente nos está afectado el contrabando, un factor que ataca a toda la económica tachirense”.
Delgado también aclara que las múltiples situaciones han generado una crisis en todo el sector la cual se ha cristalizado con el cierre de comercios en todo el territorio venezolano.
“En San Cristóbal han cerrado 30 negocios, a nivel del estado Táchira, 50 negocios y, en el país más de mil 500 establecimientos de venta de especies alcohólicas”.
Protección
El respaldo del sector de especies alcohólicas se traduce en inversión en el país, puestos de empleo y estabilidad laboral, de acuerdo a Delgado, quien aduce que las alícuotas tributarias no solo perjudican al empresario sino a un sinfín de personas que se suplen con ellos.
“Nosotros generamos más de 100 mil empleos directos en toda Venezuela y en el Táchira más de dos mil 500 (…) y aun así aquí se sigue trayendo refresco colombiano, cerveza colombiana afectando el mercado regional sin contar el sector de alimentos (…) las industrias nuestras no están siendo protegidas por el Estado como lo hacen en otros países por eso es que exigimos más apoyo”.
Carlos Ramírez
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