Este jueves 23 de febrero los dueños de los locales comerciales que fueron derrumbados en el Hospital Central de San Cristóbal, junto a sus abogados defensores y el presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, acudieron ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Táchira para solicitar la apertura de una investigación penal por grave violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en contra del alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, por ser responsable junto con la cadena de mando, de la destrucción de dos restaurantes construidos hace 19 años con la autorización del Ministerio de Salud y la dirección del mismo centro hospitalario.
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El defensor de derechos humanos, Walter Márquez, acompañado de los comerciantes Pablo Novoa y Oscar Escalante, junto a los abogados, Omar Sayago, Reinaldo Pedroza y Ana Hernández, manifestó que en la demolición arbitraria de 350 metros de los restaurantes ubicados en el Hospital Central, participaron en el hecho como autores intelectuales el director General de la alcaldía, Juan Rodolfo Martínez; el Síndico Procurador municipal, Mario Izarra y su asistente José Corso, además de los funcionarios policiales César Gil, de la Policía Municipal, y Arturo Perdomo, de la Policía Nacional, adscrito a la Policía Municipal de San Cristóbal.
Márquez detalló que los responsables de estos hechos fueron acusados de lesionar los derechos humanos de las víctimas, el derecho al trabajo, al ejercicio económico consagrados en los artículos 87 y 112 constitucional. “Estos hechos graves, de acuerdo a los artículos 25 y 55 de la Carta Magna, los funcionarios policiales presentes estaban obligados además por mandato legal del estatuto de la Policía Nacional a proteger los bienes de las personas frente al atropello, de las autoridades municipales, lo cual fue permitido y autorizado por los funcionarios policiales César Gil y Arturo Perdomo”, acotó.
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El alcalde y la cadena de mando fueron acusados ante el Ministerio Público, de violación de domicilio, abuso de funciones, agavillamiento, hurto, daños a la propiedad, delitos establecidos en los artículos 184, 203, 286, 451 y 473 del Código Penal venezolano.
Manifestó el defensor de derechos humanos que estos no son hechos aislados, sino que “forman parte de una política del régimen municipal que se convierte en crímenes de lesa humanidad y actos inhumanos que afectan a varias personas, porque en este caso no existen razones ni fundamentos jurídicos sino una especie de venganza de Juan Rodolfo Martínez, director General de la alcaldía, quien pretendía quedarse con parte de esos locales, y ante la negativa de los propietarios de un acuerdo ilegal ordenó abrirles procedimientos arbitrarios los cuales llegaron hasta la demolición, cuando en primer lugar su construcción fue hecha de manera legal en el año 2004, y en segundo lugar estaba prescritas las acciones administrativas y judiciales”.
Resaltó que ya están preparando acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la propia Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Reparaciones patrimoniales
Por su parte los abogados Omar Sayago y Reinaldo Pedroza informaron que están preparando acciones para las reparaciones patrimoniales por el derrumbe de los dos locales comerciales, sin autorización.
“Desde el punto de vista constitucional se violaron las normas del debido proceso garantizado en el artículo 49 de la Carta Magna, al igual que se hizo desde el punto de vista municipal al contravenir lo previsto en su ordenanza de construcción en los artículos 111 al 115, por lo que es responsabilidad directa de los autores materiales e intelectuales los graves daños causados a las víctimas, no solo con la destrucción de más de 350 metros de esos locales comerciales, que fue un acto de barbarie, sino también por el lucro cesante al haberles paralizado los negocios de manera ilegal durante muchos meses; y lo más grave, que en lugar de haberle buscado una utilidad a esos locales en el Hospital Central que siempre requiere de espacios para atender a los pacientes, procedieron a demolerlos, lo cual deja ver la mala intención de los funcionarios involucrados en lo ocurrido”, dijo el abogado Omar Sayago.
